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Debería haberse tentado la ropa Francina Armengol antes de prolongar sin paliativos determinadas restricciones para contener la pandemia a partir de hoy, una vez finiquitado el estado de alarma, a la vista de la experiencia madrileña y sus consecuencias electorales.

Precisamente, la gestión de la pandemia y la búsqueda del equilibrio entre actividad económica, sin exclusión de la restauración, y la protección de la salud es uno de los fundamentos sobre los que Díaz Ayuso ha levantado su irrefutable victoria electoral, más allá de que el 4-M haya significado el fracaso de los gurús y especialistas en fuegos de artificio diseñados en despachos alejados de la realidad: frente a la oratoria pasada de decibelios y los golpes de efecto, la candidata popular ha sabido transmitir proximidad y empatía con los ciudadanos, que han canalizado su descontento con la forma de gobernar de los partidos de izquierdas hacia PSOE y Podemos en primer término.

Y si en Madrid los votos «tabernarios» han sido decisivos (la expresión con ánimo ofensivo del impresentable Tezanos, el de las encuestas manipuladas, tuvo unos efectos contrarios a los pretendidos), en Baleares los restauradores se consideran los grandes perjudicados por las decisiones del Govern contra el coronavirus; propietarios de bares y restaurantes, sobre todo ese 80 % de establecimientos que no disponen de terraza, no ocultan su convencimiento de que las limitaciones a su actividad con el fin de salvaguardar la temporada turística tienen un destinatario preferente: los hoteleros. De hecho, el ritmo de la desescalada parece determinado por el calendario de apertura de los hoteles. A excepción de los turismofóbicos, que también los hay en los aledaños del Govern, nadie con un mínimo de sentido común puede dudar de que la salud de la temporada turística concierne a todos, aunque no se encuentren directamente vinculados al hecho turístico, y que si va bien a los hoteleros son mayores las probabilidades de que la situación mejore para sectores como la oferta complementaria y el ocio. El pero es el número de empresas que se quedan atrás, siquiera sin posibilidad de intentar sobrevivir por las medidas derivadas del estado de alarma, que se van a mantener aun sin estado de alarma.

Este es el último ejercicio de escapismo de Pedro Sánchez; obsesionado por no aparecer cerca de cualquier determinación que pueda ser impopular, traslada la autoría de las restricciones primero a las comunidades autónomas –no ha hecho ni caso a la petición en sentido contrario de la presidenta de Baleares– y, por fin, a la Justicia. «Los jueces no estamos para gobernar, esas decisiones corresponden a los poderes públicos» (César Tolosa, presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo). Hace seis meses, al buscar apoyos para sacar adelante el estado de excepción constitucional que termina hoy, Sánchez se comprometió con Cs a impulsar medidas legislativas alternativas que dotaran de instrumentos legales a las comunidades autónomas para adoptar sus directrices en función del desarrollo de la pandemia. Otra mentira más. Sin razón aparente, empresarios y trabajadores han tenido que esperar hasta el último minuto para saber a qué atenerse a partir de mañana. Para desesperación de muchos, será más de lo mismo.