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La visita de Arnaldo Otegi al Parlamento de Cataluña ha levantado críticas y muestras de irritación. Algunos de los que se han desgarrado las vestimentas deberían recapacitar y aprender usos democráticos. El candidato independentista a presidente regional vasco en las próximas elecciones autonómicas en aquella comunidad tiene sus asuntos penales pagados. Así que concurren en él todos los derechos. Incluido el de la elegibilidad. Por tanto es libre de hacer lo que desee en su intención de alcanzar el máximo posible de votos, incluido ir al Parlamento catalán para hacer ver que absorbe el independentismo pacífico y democrático. Da grima escuchar los chirridos de los que pretendiéndose demócratas desearían quitarle sus derechos y que pagara por su pasado el resto de la vida. Por cierto que ha pasado 6 años y medio en prisión por un delito, enaltecimiento del terrorismo, que en cualquier democracia con menos carencias que la nuestra no está penado porque se consideraría, con buen criterio, como un delito de opinión. Algo incompatible con la democracia. Y que este país todavía existe para oprobio general de los demócratas.

Al mismo tiempo hemos visto que la Delegación del Gobierno de Madrid ha prohibido la exhibición de banderas “esteladas” en el campo de fútbol en el que va a celebrarse este próximo domingo la final de la copa. Casi todos los mismos que han berreado contra la visita de Otegi han jaleado esta aberración gubernativa. La bandera independentista catalana no es anticonstitucional, como algún descerebrado ultra derechista ha llegado a escribir. Es perfectamente legal y la Constitución ampara su uso -como con cualquier otro símbolo- en la libertad de expresar la opinión que se quiera, por mucho que su significado sea la ruptura de la unidad española. Los obtusos derechistas de la Delegación del Gobierno del PP del Madrid no saben distinguir entre un símbolo independentista y uno ilegal, pretendiendo que ambos son sinónimos. No lo son por mucho que los ultras aúllen que sí.

Era sabido que nuestra democracia, por joven, tenía carencias que en otros países no se dan -ley de amnistía de franquistas, pacto de silencio sobre la monarquía creada por Franco, dificultades en la propia Constitución para hacer muy difícil su reforma, circunscripciones electorales anacrónicas...- pero se podía sobrellevar porque íbamos avanzando y creando las bases para futuros cambios que incorporarían a las leyes y a la Carta Magna la normalidad democrática. Sin embargo en los últimos tiempos se producen hechos como los referidos que más que muestras de evolución son pruebas de cómo está involucionando una parte de la derecha hacia posiciones cada vez más antidemocráticas.