EditorialPalma19/04/24 0:30
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El proceso de legalización que ultima el Govern para los propietarios de viviendas ilegales en suelo rústico que quieran acogerse a estos cambios no puede privilegiar a los infractores. Y, en consecuencia,  las sanciones que deben pagar tendrían que ser elevadas. De lo contrario, podría malentenderse    como una amnistía urbanística, con todo lo que ello conlleva. El ejecutivo todavía no ha fijado las cuantías, pero una multa dura es la única forma de darle legitimidad a este proceso urbanístico. Hay que dejar muy claro que las viviendas ilegales que se pueden acoger a esta legalización son las que ya han prescrito, es decir, que llevan al menos ocho años construidas. La medida no se limita a las casas, también se incluyen porches y piscinas.

Fines ambientales.

De igual manera, el dinero recaudado de estos propietarios infractores irá destinado a fines ambientales y a la construcción de vivienda pública. Este dato es especialmente significativo porque la crisis habitacional que padece Baleares, con un mercado inmobiliario convulsionado y con unos precios desorbitados, requiere de medidas urgentes para tratar de paliar esta problemática, que hace unos años solo se daba en Eivissa y Formentera pero ahora también afectada de lleno a Mallorca y, en menor medida, a Menorca.

Que no sean luego un negocio.

Llegados a este punto, es vital dejar muy claro que estas viviendas que se acojan a la legalización previo pago de una cuantiosa multa no pueden ser destinadas, una vez ‘blanqueada’ su situación urbanística, al alquiler turístico o a cualquier otro tipo de negocio. Sería un grave error de la Administración permitir que estas casas o fincas, que en su día incumplieron la normativa urbanística en vigor, pudieran proporcionar después pingües ingresos económicos a sus propietarios. El control sobre estas propiedades, pues, debe ser estricto.