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El Govern, a través del vicepresidente y portavoz del Ejecutivo Antoni Costa, ha insistido durante las últimas horas en que se contrató a detectives para que buscaran supuestos micrófonos ocultos en el despacho del conseller Alejandro Sáenz de San Pedro «por consejo de la Policía Nacional». El problema, sin embargo, es que fuentes de la Jefatura palmesana han negado de forma categórica que fuera este cuerpo el que recomendara de forma oficial esta medida. Hay que recordar que el rastreo de los investigadores privados en las dependencias del conseller costó más de 4.000 euros, que se cargaron a las arcas públicas. En realidad, si hubiera habido una petición formal entre el Ejecutivo y la policía, constaría en los oficios o documentos oficiales, y no es así. Así las cosas, el caso de los micros podría dejar en mal lugar al Govern, después de que Més y los socialistas criticaran lo ocurrido: «Si esto no fuera tan serio, parecía de chiste».

Inspecciones gratuitas.

Es importante recordar que la Policía Nacional ya realiza tareas de búsqueda de este tipo de dispositivos de manera rutinaria. Lo hace a través de un equipo especial que se desplaza de Madrid a Mallorca cuando hay sospechas de que algún juez, fiscal, político o alto funcionario puede estar siendo espiado. Y la inspección se lleva a cabo de forma totalmente gratuita. El despacho que ahora pertenece al conseller Sáenz de San Pedro estaba ocupado en la anterior legislatura por el exvicepresidente Juan Pedro Yllanes, que también ha mostrado su asombro por este asunto.

Explicaciones.

Llegados a este punto, podría llegar a entenderse que un conseller solicitara este tipo de servicios antiespionaje si tiene fundadas sospechas de ello, pero resulta del todo incomprensible que se argumente que es por consejo de la Policía Nacional y esta lo niegue de forma contundente.