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Baleares –junto con Madrid y Cataluña– aporta más al Estado de lo que recibe. Las Islas envían al Gobierno central, vía impuestos, 3.248 euros por habitante, mientras que solo reciben 2.910 por cada ciudadano, lo que provoca un saldo negativo de 334 millones de euros. El Archipiélago está mal financiado al no ver compensados los sobrecostes de la insularidad y sale perjudicado con el vigente sistema de financiación autonómica, cuya reforma sigue pendiente desde 2014.

Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares son partidarios de llevar a cabo esta modificación con el criterio de población ajustada, y que esta cuestión no se aborde de forma bilateral entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Catalunya, sino en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la participación de todas las comunidades. Antoni Costa, vicepresident del Govern y conseller d’Economia i Hisenda, afirmó ayer que, además de la población ajustada, en el caso de Balears también se debe valorar el crecimiento de la población, el alto coste de vida, la población flotante, y especialmente, el hecho insular.

Una reivindicación compartida.

La reivindicación de una nueva financiación, que sigue atascada, es compartida por todas las formaciones políticas. Iago Negueruela, conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el Govern Armengol y hoy en la oposición, afirmó en la cumbre Valencia-Balears, celebrada en diciembre de 2022, que el actual modelo está «caducado, es perjudicial y no funciona»; y reclamó su urgente reforma con el objetivo de que «el nuevo modelo garantice la igualdad y las mismas oportunidades para todos los ciudadanos».

La reforma que no se puede demorar.

El Ministerio de Hacienda, con María Jesús Montero al frente, sigue demorando la reforma de la financiación autonómica porque no ha definido ninguna propuesta. Balears no puede continuar en esta situación, al aportar más de lo que recibe, y soportar unos costes de insularidad que pagan las empresas y las familias.