EditorialPalma10/05/23 0:29
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Resulta penoso comprobar como en demasiadas ocasiones los medios de comunicación, incluso los de ámbito estatal, se ven obligados a dar cuenta de las consecuencias de determinadas actividades ligadas al ocio turístico y frente a las que la respuesta de las instituciones puede considerarse cuando menos tibia. Una pelea multitudinaria en Magaluf –con varios heridos, incluso entre guardias civiles–, una ruidosa fiesta organizada en el mar a bordo de varios veleros frente a la Colònia de Sant Jordi que se prolonga hasta la madrugada o establecimientos que a plena luz del día hacen sonar la música en las terrazas a todo volumen son varios ejemplos de los últimos días. La indignación ciudadana está más que justificada.

Desinterés institucional.

El conseller insular de Turisme, Andreu Serra, anuncia la adopción de medidas estrictas para controlar lo que se entiende como turismo de excesos y cuya proliferación es una seria amenaza para la imagen de Mallorca como destino. Las intenciones del Consell son loables, pero la falta de implicación de los ayuntamientos y el resto de instituciones en la redacción de un plan eficaz de control hace prever que el problema seguirá otro año más sin resolverse de manera eficaz. La cuestión, y es preciso detallarlo, tiene en la maraña competencial y la escasez de medios una dificultad añadida.

La defensa del ciudadano.

Mallorca no se puede convertir durante la temporada turística en un enorme parque de ocio sin reglas, las normas de convivencia deben quedar garantizadas en todo momento. Sin excusas. Por respeto a los ciudadanos. Las organizaciones empresariales son las primeras interesadas en extirpar estas malas prácticas, pero sus dirigentes sólo pueden expresar opiniones. La contundencia contra el abuso debe correr a cargo de quienes tienen la obligación de hacer cumplir la normativa y defender a los vecinos. Y de momento no lo hacen.