Editorial20/04/23 0:29
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Desde el Govern da la impresión que se quiere imponer sensatez ante la cascada de anuncios lanzados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar de paliar la falta de viviendas a precio asequible en nuestro país; un problema que afecta de una manera muy especial a Balears sin que hasta el momento se haya podido atajar con eficacia. De las grandilocuentes cifras iniciales sobre el reparto del fondo inmobiliario de la Sareb, el llamado ‘banco malo’ por asumir los pasivos tóxicos de las entidades financieras del país para superar la crisis, en el caso de las Islas serían en torno a poco más de un centenar de pisos los que debería adquirir el Govern.

Evitar el lastre financiero.

La propuesta de Sánchez sobre las viviendas de la Sareb esconde el compromiso obligado de adquisición por parte de las comunidades y ayuntamientos, instituciones a las que no se les consultó con antelación el plan. Frente a esta tesitura, la actitud del Govern está presidida por la cautela. Los técnicos autonómicos serán los que determinarán la idoneidad de cada una de las adquisiciones, una medida con la que se quiere evitar tener que asumir inmuebles sin ninguna posibilidad de poder ser ofrecidos por su estado de conservación. La gestión de fondos públicos obliga a exigir solvencia en este tipo de operaciones, en especial cuando ya se tiene una experiencia previa que ha resultado fallida.

Un problema complejo.

Lograr abaratar el precio de la vivienda es un objetivo que debería quedar al margen del oportunismo electoralista, la cuestión tiene un enorme calado social y las soluciones requieren la implicación tanto de las instituciones como de promotores y constructores; los factores que inciden son múltiples. Todas las iniciativas que se lancen sin alcanzar un acuerdo previo están condenadas al fracaso o a convertirse en meros parches temporales, algo que no se tiene del todo claro desde el Gobierno central.