Editorial23/12/22 0:29
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La contundencia del fallo de la Audiencia Provincial, que absuelve a todos los procesados, confirma el atropello judicial en que el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán convirtieron el ‘caso Cursach’. La sentencia abre incluso la posibilidad de que a ambos sujetos se les pueda acusar por nada menos que 28 detenciones ilegales, lo cual redunda en el enorme despropósito que supuso una instrucción viciada desde su misma esencia. No debe ser sencillo encontrar un episodio similar en la historia de la justicia española desde la instauración de la democracia. Resulta evidente que es imposible restituir el daño causado a personas inocentes privadas de libertad de manera arbitraria y sin pruebas y cuyo honor fue mancillado sin causa.

Reflexión judicial interna.

Hay que admitir que la justicia española reaccionó tarde y mal ante lo que resultaba evidente de la investigación del ‘caso Cursach’, un asunto en el que juez y fiscal eran cómplices –por utilizar un término suave– de una fabulación y ante la que los acusados quedaban en una total indefensión. La lista de auténticas aberraciones jurídicas que acumula todo este asunto debe generar un período de reflexión interna en el estamento judicial para garantizar que no volverá a repetirse una situación similar, inaceptable en un Estado en el que se repite hasta la saciedad que se somete al imperio de la ley.

El futuro de Penalva y Subirán.

El ‘caso Cursach’ no podrá darse por cerrado hasta que el ya exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, y el resto de colaboradores, respondan ante los jueces por su comportamiento y el daño que provocaron en personas inocentes. La sociedad no puede dejar impune actos de esta gravedad cometidos por quienes deben actuar en defensa de la justicia. Lo ocurrido en los diferentes episodios del ‘caso Cursach’ indigna a la vez que abochorna a los ciudadanos. De momento se sabe quien era inocente. Falta condenar a los culpables.