La presidenta del Govern, Francina Armengol, presentó este martes, en el discurso que abría el debate parlamentario sobre el estado de la autonomía, un ambicioso plan de ayudas valorado en 200 millones de euros destinado, en buena medida, a contrarrestar los efectos de la inflación en el grueso de la población balear. Un repaso al paquete de propuestas revela el interés por proteger, un «escudo social», en palabras de la líder del Ejecutivo, para las clases populares de las Islas y lo hace, en esta ocasión, con el apoyo explícito de sus socios –Podemos y Més–; una circunstancia que adquiere un valor añadido cuando ya se ha entrado en el tramo final de la legislatura y suenan los tambores de campaña.

El fondo del problema.

Armengol no ha caído en la tentación de convertir el debate de política general en un mero trámite, al contrario, ha optado por dar respuesta a los problemas más acuciantes a los que se enfrentan los ciudadanos y que, en su mayoría, derivan de la progresiva pérdida de poder adquisitivo como consecuencia del alza de precios. Dentro del ámbito competencial del Govern, siempre muy ajustado, la presidenta plantea la ejecución de líneas de ayudas públicas que son de una enorme transversalidad; la importante movilización de recursos lo hace posible. Ante unos vaticinios de incertidumbre política, el Govern quiere adelantarse en la toma de decisiones para transmitir la sensación de amparo a la ciudadanía.

Recursos limitados.

Hasta el momento Francina Armengol ha huido del debate sobre la rebaja de impuestos en las autonomías, un tema que con seguridad le querrá plantear la oposición en la sesión de hoy. Más allá de los enfrentamientos coyunturales u oportunistas, nacidos al socaire de un ambiente electoralista ya muy cargado, ahora la clave y la prioridad pasa porque se concreten estas ayudas y se facilite el acceso por parte de la ciudadanía.