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Hace ocho años caducó el modelo de financiación autonómica que en 2009, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el voto favorable de las comunidades gobernadas por el PSOE, así como Cantabria (PRC-PSOE) y Canarias (CC-PP), y la abstención de las autonomías gestionadas por el PP. Aquel sistema, que se implantó hace trece años, incorporó un mecanismo de actualización anual «para adecuarse a las necesidades reales de gasto de las comunidades autónomas». Para ello, definió siete grupos de edad y se comprometió a valorar el envejecimiento, la población en edad escolar y una mayor ponderación a factores no poblacionales como la dispersión, la insularidad y la superficie. Pero Balears, junto a Madrid y Catalunya, es una de las comunidades más perjudicada por este sistema, al recibir menos recursos per cápita y ser la única autonomía, junto a Madrid, que destina a otros territorios recursos generados en las Islas.

Recursos para la autonomía política.

La financiación autonómica constituye una de las cuestiones esenciales para garantizar la autonomía política. De ahí la necesidad de un gran acuerdo político, institucional y social para exigir al Gobierno de España que afronte, de una vez por todas, la revisión de un modelo caducado que discrimina a Balears. Es un reto y entraña dificultades, es cierto, pero las Islas deben liderar la reclamación del nuevo sistema.

Movilizar instituciones y sociedad civil.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anuncia que en otoño presentará el nuevo modelo de financiación. Es el momento de movilizar las instituciones y la sociedad civil de Balears para reclamar que en lugar de castigar el esfuerzo fiscal de los ciudadanos y las empresas de las Islas –que ese año destinamos 202 millones a pagar los servicios públicos de otras autonomías– incremente nuestros recursos y mejore nuestra insuficiente financiación.