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Que la actividad económica ha registrado un indudable impulso en Balears es una realidad incontestable, del mismo modo que las grandes cifras macroeconómicas ocultan las serias dificultades a las que se enfrentan miles de ciudadanos y sus familias. En una comunidad boyante como la nuestra, con una temporada turística que ya puede calificarse de excepcional, la última entrega de la Encuesta de Condiciones de Vida –elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)– revela algunos datos más que preocupantes y que son una clara invitación a la reflexión sobre dónde y en qué está fallando el sistema.

Serias dificultades.

El sondeo demoscópico del INE señala que un 30,9 por ciento de la población de las Islas no puede hacer frente a un gasto imprevisto de cierta entidad o que un tercio no puede disfrutar ni de una semana de vacaciones fuera de su domicilio. El estudio deja constancia de que el 17,6 por ciento de los ciudadanos se encuentra en riesgo de pobreza extrema, un índice creciente en los últimos años. La economía ha mejorado, pero no para todos. El compromiso de que nadie quedaría atrás pierde vigor en capas cada vez más amplias de nuestra sociedad.

Un contexto adverso.

La salida de la crisis no se produce en igualdad de condiciones y la mejoría de la economía no está teniendo la transversalidad que cabría esperar en las actuales circunstancias. Además, hay que añadir un fenómeno que está lejos de poderse considerar controlado: la inflación. La subida de precios afecta a aspectos esenciales del día a día, como son los combustibles, la energía y la alimentación. Es imposible zafarse de todos estos incrementos. El recurso a los ahorros acumulados años atrás es una posibilidad que no tienen al alcance todos los ciudadanos y, además, es una opción de marcado carácter temporal. La macroeconomía no tiene que tapar el día a día de las familias.