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La titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció ayer en Palma el acuerdo de adquisición al Ministerio de Defensa de los terrenos del acuartelamiento de Son Busquets para la construcción de alrededor de ochocientas VPO, además de zonas verdes y equipamiento público. El cambio de titularidad se producirá a final de año y será a partir de entonces cuando se iniciará todo el proceso de licitación de las obras en este enclave urbano de Palma; una de las demandas históricas de la ciudad para paliar el problema de la escasez de vivienda y sus elevados precios.

Veinte años de retraso.

La que cabe considerar como solución definitiva para el futuro de Son Busquets es una prueba de lo farragosa y lenta que es la Administración en la toma de decisiones, incluso cuando se trata de abordar cuestiones urgentes como es la falta de inmuebles asequibles en Palma. Dos décadas han transcurrido desde que el Ejército de Tierra dejó aquellas instalaciones, entre las carreteras de Sóller y Valldemossa, en pleno centro de una de las barriadas más populosas y jóvenes de la ciudad. Se trata de una parcela de más de 110.000 metros cuadrados. No resulta fácil entender que, en este caso el Gobierno, no pueda encontrar una solución rápida frente a un problema tan acuciante como el planteado desde las instituciones de Balears.

Casos similares.

Celebrar que el caso de Son Busquets se haya encauzado no puede dejar en el olvido otros proyectos que siguen pendientes, tanto en Palma como en otros enclaves de las Islas con terrenos, instalaciones o edificios de titularidad pública. La Administración, en su conjunto, debe huir de la tentación de la especulación o la búsqueda de meros réditos económicos. Una gestión eficaz permite que el enorme patrimonio de titularidad pública se ponga hasta el último momento al servicio de los ciudadanos.