El número de sanciones por infracciones de tráfico que tramita el Ajuntament de Palma ha experimentado un incremento casi exponencial en el último año, a razón de casi mil diarias. Los responsables municipales no han detallado los ingresos que supondrá esta explosión de multas, pero ya admiten que superarán las previsiones presupuestarias iniciales; circunstancia que revela una voracidad recaudatoria injustificada y que responde a criterios arbitrarios. La instalación de radares en los principales accesos urbanos, nueve en total, son los principales causantes de la lluvia de denuncias.
Incoherencia indiscriminada.
La voluntad política de ‘pacificar’ el tráfico rodado en Palma, extendiendo el límite de velocidad a 30 kilómetros por hora, no puede justificar la incoherencia en su aplicación a modo de trampa para los conductores. Los problemas circulatorios de una ciudad no se resuelven universalizando las sanciones mediante sistemas automáticos de control de velocidad, cuando hay infracciones que parecen haber logrado la impunidad en las calles de Palma. Motos ensordecedoras, vehículos estacionados en doble fila, bicicletas circulando por las aceras, ausencia de agentes en los puntos conflictivos de entrada y salida de los colegios, ... Nada de todo ello parece preocupar al gobierno de Cort.
De cara a la galería.
El importe de las multas de tráfico no es testimonial, con seguridad puede desequilibrar los recursos familiares del mes, mientras el Ajuntament de Palma consiente, además, que su tramitación incomode y perjudique al ciudadano. A la vista está que la estrategia en materia circulatoria que se aplica en la capital balear no tiene otra función que mejorar los ingresos de la institución de cualquier modo, un claro reflejo de cómo se hacen las cosas desde Cort. Mientras, los conductores saben que cada día entran en un sorteo de multas de las que habrá un millar de ‘premiados’ diarios.
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