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El gobierno municipal de Palma parece estar dispuesto a acabar con una de las prácticas incívicas que más proliferan en la ciudad: el abandono de vehículos en la vía pública. En las próximas semanas comenzará a aplicarse la nueva normativa que, en definitiva, duplica el importe de las multas por este concepto, de 1.500 a 3.000 euros. Es una medida con la que se pretende disuadir a los desaprensivos. En esta ocasión hay que reconocer que la estrategia de Cort está más que argumentada, entre otras razones, porque se han arbitrado vías que hacen del todo injustificado este comportamiento con opciones de bajo coste para los propietarios de las motos y automóviles.

Problema crónico

Los vehículos abandonados en calles y plazas forman parte, por desgracia, del paisaje urbano de muchos enclaves de Palma; en especial en las barriadas periféricas. La imagen de degradación se añade al peligro que suponen las carrocerías oxidadas, los cristales rotos y los motores desguazados. En muchos puntos, el problema se ha cronificado por dos razones: el incivismo de sus propietarios y la pasividad acumulada del propio Ajuntament. Durante años, Cort no ha retirado los vehículos por la sencilla razón de que no disponía de terrenos adecuados en los que depositarlos. Todo indica que se quiere romper esta dinámica.

Ofensiva global

Los objetivos de la campaña deben abarcar el problema en su conjunto. Son muchos los vehículos que se acumulan en pasajes, estacionamientos y terrenos privados, una circunstancia que los responsables municipales deben soslayar si se quiere resolver el impacto medioambiental que representan estos abandonos. Perseguir a estos propietarios y que éstos deban hacer frente a las importantes multas previstas tendrá un efecto disuasorio de cara al futuro, por lamentable que sea tener que utilizar esta fórmula para hacerles entrar en razón.