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Con la okupación de dos casas diarias, Baleares lidera el ránking nacional en la usurpación de viviendas. En el último, año los casos de allanamiento han crecido en el Archipiélago un 73 por ciento, mientras que en el resto del territorio nacional el repunte en plena crisis pandémica queda reducido al 18. Como le ocurre a la mayoría de ciudadanos de Baleares –donde el sentido de la propiedad privada es factor consustancial a su idiosincrasia social–, los datos ofrecidos por la Fiscalía General y el Ministerio del Interior deberían preocupar y ocupar a los tres poderes del Estado en legislar al respecto, ejecutar estas leyes y velar por su cumplimiento. La magnitud del problema no deja otra opción.

Acciones criminales

La gravedad de la estadística se agudiza a medida que se indaga en la naturaleza en estas okupaciones. Si bien es cierto que la precariedad económica de no pocas familias se ha acrecentado en estos tiempos de COVID –lo cual, sin duda, contribuye a la usurpación de viviendas ajenas–, también ha crecido el uso que se hace de las casas okupadas para la comisión de acciones delictivas, como escenario de explotación sexual de mujeres o para el cultivo y tráfico de drogas. Los casos de propiedades allanadas convertidas en factorías de cannabis dedicadas al trapicheo o directamente en ‘narco pisos’ son evidentes y van en aumento.

Consenso político

La lucha contra la okupación –sobre todo la promovida para la comisión de actos criminales– debería concitar el consenso de todas las formaciones políticas. La relativización buenista de este fenómeno ilegal no sólo conculca el derecho fundamental a la propiedad privada, sino que parece ignorar que cada casa o piso okupado irradia una onda de inseguridad que deteriora nuestras ciudades y pueblos y deprecia la calidad de vida y propia convivencia de quienes, pese a estos tiempos difíciles, cumplen la ley y con sus obligaciones ciudadanas.