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Los datos del informe elaborado por EAPN-Balears sobre el estado de la pobreza en las Islas dibujan un panorama desolador: un 22 por ciento de la población se encuentra en riesgo de exclusión. Este indicador aumentó el pasado año siete puntos porcentuales respecto al ejercicio de 2019. Un dato estremecedor es el que señala que 73.500 personas forman parte del grupo considerado como de pobreza severa y eso en una autonomía considerada con una de las economías más dinámicas de España. No cabe duda que este estudio técnico refleja con crudeza la existencia de una realidad social que, en demasiadas ocasiones, permanece oculta o desconocida para la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Cifras al alza.

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Aunque el trabajo presentado por EAPN-Balears –organización que agrupa la práctica totalidad de las instituciones vinculadas con la asistencia social en las Islas– corresponde al año 2020, no cabe duda que los datos que aporta resultan alarmantes. Bajo la capa de la pujanza económica que siempre se le atribuye a las Islas, crece el segmento más desfavorecido de la población. Las diferencias sociales se incrementan a un ritmo inusualmente acelerado. Frente a esta dinámica, no cabe duda que es preciso reaccionar y no sólo las instituciones. La responsabilidad, en esta ocasión, es colectiva.

Reordenar prioridades.

Una sociedad como la balear no puede permanecer indiferente frente a un proceso como el que denuncia el documento de EAPN-Balears. Las cifras que aporta revelan que el tobogán de la exclusión social y de la pobreza está más cerca de lo que puede imaginarse. Los afectados superan con creces los colectivos más tradicionales. Es indispensable asumir la situación como paso previo a la adopción de medidas que permitan el rescate del mayor número de personas posible. Se trata de una solidaridad inaplazable.