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Los presupuestos del Govern para 2022 no contemplan ninguna medida que reduzca la presión fiscal a los contribuyentes, los tributos autonómicos seguirán vigentes sin ninguna modificación debido a que, entre otras razones, las arcas públicas no están en condiciones de perder ninguno de los 116 millones de euros que reportan su recaudación. La decisión se contrapone a la dinámica de la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se jacta de la eliminación de su entramado fiscal como uno de los elementos más decisivos para la captación de empresas; una competición que genera no pocos recelos entre el resto de comunidades.

El problema de fondo

Los impuestos autonómicos son la consecuencia de las deficiencias del modelo de financiación autonómico, incapaz de dar respuesta a las creciente demanda de servicios que prestar a los ciudadanos en un Estado que sigue sin asumir la estructura que consagra la Constitución. Las dotaciones para la sanidad, la educación o la asistencia social –ejes del Estado del bienestar en nuestro país– que reciben las comunidades son insuficientes y, a partir de ahí, comienza la búsqueda de recursos. Balears no es una excepción. Por esta razón los combustibles en las Islas tienen un gravamen específico o los turistas pagan un tributo que otros destinos no tienen, una fiscalidad que nos resta competitividad.

Una competencia desigual

Balears rechaza el ‘efecto Ayuso’ en materia tributaria, entre otras razones debido a la imposibilidad de asumir una estrategia que sólo puede ser viable cuando una autonomía comparte la capitalidad del Estado; un privilegio vetado para el resto. Hay que añadir la especial querencia de la presidenta madrileña y sus predecesores en el cargo por la privatización de la gestión de servicios públicos, otro de los factores que explica el ‘milagro’ de las cuentas autonómicas de Madrid.