EditorialPalma13/06/21 9:00
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El aumento del 13,6 por ciento de las denuncias contra los okupas en Baleares, sólo durante el último ejercicio, da cuenta de la gravedad de un problema que genera una importante alarma social. Los datos estadísticos sólo dan cuenta de los 324 casos denunciados por particulares, pero se ignora cuántos deberían corresponder a usurpaciones en inmuebles cuya titularidad pertenece a entidades financieras u organismos públicos. No estamos, pues, ante una cuestión menor porque los intentos para neutralizar el fenómeno apenas surten efecto.

Comportamientos mafiosos.

Las okupaciones tienen ya, en la mayoría de los casos, una raíz mafiosa. Una legislación laxa en la materia permite la proliferación de organizaciones que facilitan la entrada en inmuebles a terceros o, en otros casos, para presionar a la propiedad y forzar la entrega de dinero a cambio de la salida. Lo cierto es que la okupación genera inquietud, propiciada también por determinados intereses comerciales. En la calle, hay la sensación de que no existe una auténtica voluntad política de defender la propiedad privada, circunstancia agravada por la lentitud con la que se ejecutan determinados desahucios. La vía penal agiliza determinadas intervenciones, pero el clima de inseguridad jurídica sobre esta cuestión no cesa. Esta es buena parte de la raíz del conflicto.

Un problema social.

El acceso a una vivienda digna y a un precio asequible figura como una de las principales preocupaciones sociales en España y de las que, por desgracia, Baleares no es una excepción. Lo sorprendente es que determinados colectivos y partidos trasladen la responsabilidad para suplir esta carencia a los propietarios. Las soluciones a la falta de vivienda pasan por gestionar de manera adecuada los recursos públicos. Mientras, el problema seguirá siendo considerado una amenaza por un sector de la ciudadanía.