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El mismo título del plan de movilidad presentado este jueves, ‘Palma camina’, es una declaración de intenciones del gobierno municipal que lo impulsa y que está centrado en alejar los vehículos a motor del núcleo antiguo de la ciudad. De momento, se trata de una propuesta que incluye medidas radicales, como la de impedir el aparcamiento a los no residentes en el área que circundan las Avingudes o de ampliar de manera significativa las zonas de la ORA en todos los barrios que las circundan. El objetivo no es otro que, al igual que ocurre en otras muchas ciudades españolas y europeas, dar el máximo protagonismo a los peatones y al transporte público en los desplazamientos urbanos.

Calcular las consecuencias

Una intervención tan ambiciosa requiere algo más que del simple ejercicio de voluntad de sus promotores. Cambiar de manera unilateral las normas del tráfico rodado en Palma puede llevar al colapso de la ciudad. Son muchos los factores a tener en cuenta, desde el impacto en el pequeño comercio –no puede ofrecer estacionamiento a sus clientes como sí hacen las grandes superficies– hasta la accesibilidad de personas con una capacidad limitada para deambular. Confiar en la red de transporte público es ilusorio en las condiciones actuales; del mismo modo que la red de aparcamientos públicos es insuficiente para absorber el más que previsible incremento de la demanda.

Un proyecto consensuado

Una iniciativa de estas características requiere de un amplio consenso social y político; es premisa indispensable si se quiere garantizar la continuidad del plan. Cómo se restringe el tráfico y qué alternativas se ofrecen al ciudadano son preguntas que deben quedar resueltas antes de la puesta en marcha de las medidas anunciadas. Una cuestión tan importante no puede acabar en una mera declaración de intenciones o en un simple juego electoralista de cara a la galería.