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Las normas más laxas en autonomías como Madrid o Andalucía respecto a horarios y aforos en los establecimientos ha provocado una importante ‘fuga’ de celebraciones –en especial de bodas– previstas en Baleares. Este es el eje central de la queja de la patronal del sector, cuyos asociados acusan la caída de contrataciones para organizar este tipo de eventos. La normativa asimétrica de las restricciones que aplican las autonomías para luchar contra la pandemia es el telón de fondo de un problema que compromete el futuro de numerosas empresas.

Criterios políticos.
El hecho de que las comunidades adopten posturas en muchas ocasiones divergentes crea graves perjuicios en aquellas regiones con las restricciones más severas, como es el caso de Baleares. Es comprensible la desesperación de este sector cuando constata que el gobierno de Madrid, por ejemplo, busca promocionar específicamente las bodas con la campaña ‘Madrid Destination Wedings’, orientada al mercado exterior. El asunto adquiere aún más notoriedad en este contexto de crisis.

Recortes severos.
Baleares está entre las autonomías con las restricciones más duras, a pesar de que registra uno de los índices más bajos de afectación de la pandemia. Este control permite tener un buen posicionamiento frente a mercados turísticos como Alemania o Gran Bretaña de cara a la próxima temporada, pero al mismo tiempo castiga actividades como las que desarrollan los miembros de la Asociación de Profesionales de Bodas y Eventos de Baleares. Mantener el equilibrio es siempre una tarea compleja en circunstancias como las actuales, en las que es más necesario que nunca tratar de unificar criterios para evitar situaciones de privilegios territoriales. El Govern debe mostrarse mucho más sensible a esta realidad y salir a camino de unos empresarios perjudicados y ahora superados por unas ventajas del todo injustas.