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El reconocimiento explícito de que el Gobierno prepara una fórmula de peaje para toda la red viaria del país –autovías y carreteras convencionales– ha disparado las alarmas. Se trata de un paquete de medidas tributarias para incrementar la recaudación fiscal con el objetivo de cumplir con las exigencias de la Unión Europea para devolver los créditos habilitados para hacer frente a la pandemia. Lo más llamativo son los mecanismos recaudatorios con los que pretende trabajar el Ministerio de Hacienda; todos ellos con un gran efecto en las clases sociales medias y sobre las pequeñas y medianas empresas. La preocupación social está más que justificada.

Hipertrofia administrativa.
Además del peaje en las carreteras, hay que añadir el impuesto sobre el diésel, el más que probable aumento de la factura eléctrica, subidas en los tributos asociados al patrimonio y las transmisiones, revisión al alza de las tasas aeroportuarias... Son medidas con una repercusión inmediata en los precios y en el bolsillo de los contribuyentes, una transversalidad que se contradice con los anuncios previos de una intervención mínima y «sólo para ricos». Todo indica que no será así y que la mayor presión fiscal será generalizada. Por el contrario, los estudios del Gobierno nada dicen sobre un esfuerzo de contención en el gasto de una Administración pública mastodóntica y cada vez más inoperante que debe se reducida.

Salir de la crisis.
¿Tiene sentido castigar fiscalmente a las empresas y las familias en plena crisis? Para que el Estado pueda recaudar más impuestos tiene que, en primer lugar, reactivar la economía y, por supuesto, atajar el fraude. Ello no impide que se actúe en determinadas franjas de rentas más altas o las grandes corporaciones, pero poco más. Pretender incrementar el esfuerzo fiscal de manera indiscriminada es un error y más cuando no se plantea una mínima correspondencia solidaria desde la Administración.