No se quiere aprender de la experiencia. La Comisión de Salud Pública retrasa cuatro semanas más la administración de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a los menores de 60 años. La decisión contraviene la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y el prospecto de la propia vacuna, un argumento más para alimentar la ceremonia de la confusión generada a partir de determinados efectos adversos mortales –formación de trombos– aunque con una incidencia bajísima. España, como otros países europeos, también ha querido desentenderse de los criterios de la EMA con respecto a la administración vacunal de AstraZeneca.

Evaluar las consecuencias.

Un organismo como la Comisión de Salud Pública, dependiente del Ministerio de Sanidad, no debería encabezar actitudes que contradicen las directivas de la EMA. Toda la argumentación para justificar la elección de una u otra vacuna, los tramos de edades e, incluso, la paralización de las inoculaciones, en base a las directrices de los expertos europeos, se viene abajo con decisiones unilaterales como la que se adopta ahora. Cabe suponer que Sanidad asume las consecuencias del retraso en el caso de que ello signifique una reducción de la inmunidad de los ciudadanos afectados, 1,5 millones según el último cálculo. Cabe advertir que este parón no afecta a los vacunados mayores de 60 años.

Escepticismo justificado.

Con estos cambios radicales de criterios, no debe extrañar que crezcan las corrientes más escépticas con respecto a las vacunas, el único medio eficaz para detener la pandemia. Nadie duda de que se debe actuar con prudencia en la administración de las vacunas y más cuando son tan recientes. Lo que resulta un contrasentido y una incoherencia es pretender defender el prestigio de la EMA para luego torpedear sus recomendaciones.