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El nuevo reglamento de pesca que ha aprobado la Unión Europea plantea una serie de restricciones que el sector en Balears considera inasumibles, hasta el punto de vaticinar su desaparición. El reglamento de Bruselas, aprobado por el Gobierno, es reducir un 40 por ciento el número de días en los que pueden salir a faenar las barcas de arrastre, una condición que supone acabar con la rentabilidad de las 35 embarcaciones de ‘bou’ que tienen base en los puertos de las Islas y, en consecuencia, con toda la actividad comercial que llevan aparejadas. La inquietud con respecto al impacto de las medidas de la UE está más que justificada.

Una situación excepcional.

El caso de Balears no puede equipararse con el esfuerzo pesquero que realizan otras regiones mediterráneas de España, Francia e Italia –países afectados por la normativa–, en especial porque el número de embarcaciones es muy inferior y la fragilidad del mercado insular no admite comparación con el resto. A modo de ejemplo basta señalar que las capturas propias sólo abastecen el 16 por ciento de la demanda que se genera en las Islas. La solución a la pesca de arrastre, con un severo impacto medioambiental, no pasa exclusivamente por un recorte drástico de las salidas al mar de las embarcaciones.

Propuestas alternativas.

Los pescadores han dado sobradas pruebas de su interés conservacionista de los recursos marinos, autoimponiéndose, llegado el caso, vedas selectivas para preservar las especies. Desde la Unión Europea y el Gobierno español se debe ser sensible a las especiales características de un sector que trata de sobrevivir en Balears ante la competencia exterior, en ocasiones con flotas y capturas mucho más potentes y que pueden ofrecer precios más ventajosos. Bruselas debe plantear modelos que rebajen la agresión medioambiental sin hundir de manera definitiva una actividad milenaria, arraigada en las Islas.