Uno de los testigos atiende a los medios a su llegada a la Audiencia de Madrid. | Efe - Rodrigo Jiménez

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La Policía ha asegurado que el bailarín Rafael Amargo y el productor Eduardo de Santos querían alquilar un local para distribuir droga, camuflándolo como una lavandería, en una nueva sesión del juicio en la que la mujer del artista ha negado que su marido vendiera estupefacientes, aunque sí consumía.

La Audiencia de Madrid ha continuado este miércoles el juicio a Rafael Amargo, Eduardo de Santos y al socio del artista Manuel Ángel Batista, acusados de integrar un grupo que traficaba con droga, que presuntamente vendían desde el piso de Amargo. La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el artista -que está en prisión desde noviembre de 2023 por no acudir a firmar al juzgado- y para el productor, mientras que para el otro acusado, «Cubita», solicita seis años. Durante la sesión el artista ha hecho gestos de cariño a sus familiares y ha lanzando besos a su mujer, que a su vez le ha guiñado el ojo a él al irse de la sala.

Un agente que participó en la investigación ha relatado que, en una de las conversaciones intervenidas, Amargo y De Santos manifestan la intención de alquilar un local como punto de distribución, camuflándolo como una lavandería para lavar los trajes de sus obras. Sería una tapadera para no levantar sospechas, sin que sus nombres apareciesen en el contrato, y según la conversación le dirían al dueño del local y a los vecinos «que iba a haber trasiego porque iban a venir personas de la obra con los trajes».

Por su parte la mujer de Amargo, Luciana Bongianino -detenida en 2020 junto al artista, pero finalmente exonerada por el juez- ha relatado que ambos eran consumidores pero no vendían droga, y ha subrayado que el artista ha seguido tratamientos para su dependencia desde hace años. Bongianino, que lucía una cazadora en cuya parte trasera pone «Amargo is innocent» («Amargo es inocente») ha explicado que el 1 de diciembre de 2020 salió de su casa con un amigo y la Policía le paró y le dijo que tenían que registrar su domicilio. No le dijeron hasta el final que estaba detenida, y no tenía abogado en ese momento.

Ha precisado que ella y Amargo solían consumir cada uno entre un gramo y un gramo y medio diarios, y que ese día iban a comprar y llevaban un peso encima «para que no les engañaran». «Rafael tenía picos... unas veces consumía poco y otras demasiado», ha dicho Bongianino, mientras señalaba que desde que está en la cárcel Amargo se ha adaptado bien, sigue en tratamiento. Ha explicado que al acabar el registro del domicilio un oficial le dijo a otro que allí no había «nada», pero luego le comunicaron que quedaban detenidos ella, Rafael y Cubita «por integrar un grupo criminal de narcotráfico, con armas».

«Nos ha afectado mucho esto, estamos los dos en tratamiento psiquiátrico», ha explicado, detallando que desde que fueron arrestados se les retiró el pasaporte y no pueden viajar para trabajar. Bongianino ha defendido que el día del registro en su casa solo había 6 mililitros de GHB (éxtasis líquido), lo que contradice las cantidades que dice la Policía, y ha apuntado que, según supo después del arresto, el jefe de la investigación «está vinculado al comisario Villarejo» y su labor «ha sido puesta en duda» en un proceso judicial.

Durante la sesión ha declarado el psiquiatra forense José Cabrera, que ha determinado que el acusado Eduardo de Santos tenía sus capacidades limitadas cuando fue detenido, ya que sufre un trastorno limite de la personalidad y un trastorno por el consumo de droga, lo que le provoca un deterioro cognitivo y una discapacidad de 44 %. Al salir de la sede judicial, el tercer procesado, «Cubita», ha negado que él haya sido «mula» de Amargo, sino que trabajaba para él «contratado», por lo que está «tranquilo», confiado en que «todo saldrá bien», en un proceso en el que cree que hay «incongruencias».