Las secuelas de la corrupción: la pena de la imputación

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Tras apagarse el furor de los casos de la última década en plena batalla contra la
corrupción, los desimputados reflexionan sobre las secuelas y se cuestionan si ha sido un arma política.

Tras apagarse el furor de los casos de la última década en plena batalla contra la corrupción, los desimputados reflexionan sobre las secuelas y se cuestionan si ha sido un arma política.

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Desde que en noviembre de 2006 saltara el caso Andratx, la política balear ha aparecido salpicada por la sombra de la corrupción en numerosas ocasiones. Han sido años convulsos, en lo político y en lo judicial, con numerosas personas que han pasado por la imputación, que para la opinión pública ya es sinónimo de culpabilidad, aunque en realidad se trata de una figura procesal que permite una mejor defensa del investigado.

Tal es el estigma social para quien resulta imputado que se pidió el cambio de término de ‘imputado’ a ‘investigado’ por la carga que conlleva. Se habla a menudo de la pena del telediario para aquellos que testifican en los juzgados, pero también está la pena del imputado, que soporta grandes titulares y críticas de la sociedad durante meses, pero que cuando es desimputado, generalmente años después, apenas se le presta atención que pueda resarcir el daño sufrido.

Largo proceso

El caso más reciente de desimputación es el del portavoz socialista en el Parlament, Andreu Alcover, investigado por el caso Sa Nostra, sobre un supuesto pelotazo urbanístico en Son Bordoy. En un auto del pasado 26 de noviembre, el juez Pedraz señaló que Alcover «no participó en los hechos señalados», por lo que se llevó a cabo su sobreseimiento libre. «He estado investigado un año, un mes y quince días», dice. Pese a lo largo que se le ha hecho, se considera afortunado: «Es diferente que el juez te diga ‘no ha participado’ a ‘no ha sido acreditado’. Me quedé más tranquilo si cabe. No he tenido que ir a declarar ante el juez y, salvo el primer mes, en general se me ha respetado».

La imputación, aunque no haya ningún indicio de culpabilidad, supone un arma arrojadiza en el juego político. «Es normal que al imputarte seas criticado o atacado. Pero fueron solo dos semanas. La familia... En este caso en seguida vi que la acusación era muy pobre. Hablas con ellos, les anuncias que saldrá, no te asustes... Pero los periódicos, en fin... Durante quince días me autoimpuse no leer periódicos ni escuchar la radio. Solo música», dice Alcover. Se queja de que es una «pseudocondena en el propio procedimiento» y afirma que «el error es pensar que todo el mundo que está investigado ha hecho algo mal».

Antes y después

La imputación supone un antes y un después en la vida política. Fue el caso de Toni Verger (Més), que podría haber llegado a ser alcalde de Palma, pero que tras ser imputado por el caso Trenes, perdió la oportunidad, aunque la denuncia se archivó. En el Partido Popular, José Ramón Bauzà dejó fuera de las listas a todo aquel investigado. Fue el caso de Jaume Font, que creó su propio partido, el PI, tras quedar archivado el caso Plan Territorial de Mallorca. Pere Rotger dimitió como presidente del Parlament, mientras Rafa Durán, exportavoz del PP en Cort, lleva once años imputado por varias causas archivadas y aún le queda pendiente una sentencia. Joana Lluïsa Mascaró (Més) lleva seis años imputada por el caso Camins. Otros desimputados son Albert Moragues, Joan Flaquer, Carlos Veramendi...

El caso Eivissa Centre explotó justo antes de las autonómicas de 2007 e investigaba unos supuestos pagos de comisiones en la reforma de Ibiza Vila, cuya onda expansiva salpicó al socialista Xisco Tarrés, elegido presidente del Consell Insular de Ibiza. La base de la denuncia fueron unas grabaciones en las que no aparecía ni se le mencionaba. «Sabía que no había nada y que me querían hacer daño político», recuerda el ibicenco. Imputado y desimputado y vuelto a imputar en dos ocasiones más por problemas formales, estuvo siete años como investigado. ¿El peor momento? «Cuando me llamó mi hijo, tenía 16 años y vivía fuera, y me preguntó ‘¿has hecho algo malo?’». Contó con el apoyo de su partido y al archivarse su caso, solo hubo un pequeño titular. «Si quieres hacer daño a alguien, impútalo», sentencia Tarrés.

La popular Catalina Soler fue alcaldesa de Felanitx y portavoz del PP balear. Fue imputada por el caso Cavallistas y Licencias, entre otros. «Yo pude seguir con mi actividad profesional y reconozco que para mí la imputación no fue una carga. Era diputada y por lo tanto aforada, así que mi causa se juzgó en el Tribunal Superior de Justicia. En aquel momento mi partido no me exigió nada». «Hemos dado tantas vueltas políticas que ahora un imputado es un apestado», reconoce Soler.

«Hay compañeros míos que por ser imputados tuvieron que dejar el partido y luego su caso fue archivado», recuerda Soler, que añade que «tendría que haber un pacto entre todos los partidos. La imputación es una defensa procesal». Y recuerda el caso de Rafa Durán: «Es inhumano», asegura. Cuando se sentó en el banquillo por el caso Cavallistas tenía un hijo de cuatro meses al que tuvo que dejar de darle el pecho, mientras su madre iba a rezar a escondidas.

Apoyo familiar

De la extinta Unió Mallorquina salió Cristina Cerdó. Fue edil de Medi Ambient en Cort, presidenta de Emaya y líder de UM en Palma. Tras una frustrada moción de censura contra la entonces alcaldesa Aina Calvo, abandonó la política y regresó a su puesto como funcionaria en el Consell de Mallorca. Fue imputada en los casos Picnic, Ossifar y Maquillaje, y confiesa que el coste personal ha sido muy alto. «La corrupción en política no es generalizada», insiste Cerdó. La situación que vivió fue tan estresante que sufrió dos abortos y la pérdida de un bebé. «La alarma social se había rebajado, mi vida se había normalizado, pero las secuelas seguían. Las consecuencias emocionales han sido muy duras». Cerdó agradece el apoyo incondicional se su círculo más íntimo, que la apoyó en momentos tan duros como cuando fue detenida en el aeropuerto al volver de un viaje familiar.

Miguel Ángel Rodríguez fue director de obra del Palma Arena y estuvo seis años imputado. «Estuve tres días detenido en los calabozos y pasé a declarar por malversación de caudales». Ahora jubilado, publicó el libro Qué fue del caso Palma Arena (Ed. Sloper). Ya ha pasado el tiempo, pero «se afronta un poco mal, aunque tenga la conciencia tranquila. La policía actuó mal. Y la opinión pública, los medios... Si hasta vino Jordi Évole. Lo judicial tiene un final, pero el tema mediático era lo peor», reconoce. Recuerda con angustia ‘la pena del telediario’, ese «pasillo vergonzoso de cámaras. Fue una caza de brujas». Sospecha que «no todos somos iguales ante la justicia» y denuncia que se les detiene «muy alegremente». Su periplo, que sería similar al de otros desimputados, lo resume con la parábola china del jarrón roto: se pegarán las piezas pero no volverá a ser el mismo.

La lista de imputados desimputados es larga tras el intenso trasiego de políticos en los juzgados de Palma. La espera, mientras llega el archivo o el sobreseimiento, ha sido muy tensa. Y demasiado larga.

Catalina Soler (PP). Fue desimputada por Caso Cavallistas y Licencias.

Miguel Ángel Rodríguez. Siete años después, fue desimputado del caso Palma Arena.

Xico Tarrés (PSOE). Desimputado del caso Ibiza Centre.

Cristina Cerdó (UM). Quedó libre de los casos Picnic, Ossifar y Maquillaje.

Andreu Alcover (PSOE). Acaba de ser desimputado por el caso Sa Nostra.

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Riesgo democracia
Hace un mes

Frente a unos pocos" desimputados" Hay muchísimos que sí han sido culpables. Es un riesgo a tener en cuenta al entrar en política. En todo caso son ellos mismos son que hacen mal uso de la ley...

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