El Consejo de Ministros aprobó ayer la Ley General de la Comunicación Audiovisual que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, definió como «necesaria, deseada, liberalizadora, moderna, garantista e imprescindible para el sector y la industria audiovisual española».
El proyecto de Ley permite a la ciudadanía exigir ante las autoridades competentes que actúen cuando los contenidos audiovisuales no se adecúen al ordenamiento constitucional vigente. En este sentido, la ley prohíbe la emisión en abierto de contenidos pornográficos o violencia gratuita. Dichos contenidos sólo podrán emitirse codificados con control parental y en horarios comprendidos entre las 22.00 horas y las 06.00 horas.
Con el objetivo de proteger a los menores, el proyecto regula la publicidad. En este sentido, introduce que la comunicación comercial «no deberá producir perjuicio moral o físico a los menores» y prohíbe la publicidad dirigida a menores cuando pueda explotar «su admiración hacia terceros».
Además, los anunciantes no podrán vender sus productos dentro de series o programas infantiles, lo que se conoce como «emplazamiento de producto». El proyecto también considera ilegal «toda publicidad que no transmita una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres», y garantiza la accesibilidad de las personas con discapacidad a la televisión.
De la Vega dijo que esta ley es el resultado «de un proceso de diálogo y de consenso» que espera que continúe en el Parlamento» y que debe enmarcarse como «parte muy importante» dentro de la reforma audiovisual emprendida por este Gobierno y afirmó que el anteproyecto «ha sido mejorado» por las aportaciones de los órganos institucionales consultados, así como por asociaciones de usuarios, anunciantes y otros colectivos.
El proyecto posibilita la creación de grupos empresariales audiovisuales con capacidad de competir en el mercado europeo, la apertura regulada de nuevos modelos de negocio como es la TDT de pago, y da respuesta a nuevas formas como la TV en movilidad, la Alta Definición y la Interactividad.
Asimismo, define la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, órgano regulador y supervisor del sector que ejercerá sus competencias bajo el principio de independencia de los poderes públicos y entre sus competencias está la participación en la concesión de licencias. Este consejo tendrá poder sancionador y sus miembros serán elegidos por mayoría cualificada de tres quintos por el Congreso.
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