El fiscal de Mayores reclama una ley integral que proteja a los ancianos

Hay un «vacío legal» en la defensa de los derechos de los mayores de 65 años, que no se da en menores ni en mujeres, en casos de violencia o desamparo, declara este fiscal, «y es un colectivo creciente y, por sus circunstancias personales, necesitado de ayuda de los poderes públicos».

Como fiscal de Sala delegado para la protección y defensa de los derechos de los mayores desde 2008, Jorge Sena Argüelles conoce a diario denuncias y quejas de estos ciudadanos y organizaciones vinculadas a ellos.

Residencia y familia

El 90% de las que se tramitan están relacionadas con la Ley de Dependencia y el resto con situaciones de maltrato en el entorno familiar o en las residencias donde viven, así como de discriminación por razón de edad.

La Ley de Dependencia es «excelente», señala el fiscal, pero tiene dos defectos: «está excesivamente burocratizada, son muchos los pasos hasta que el mayor obtiene el Programa de Atención Individual (PIA), que determina las prestaciones y servicios a percibir y, por otro lado, no está suficientemente dotada de recursos económicos». El otro problema preocupante es el de los malos tratos. Una cuestión opaca que vuelve a poner de manifiesto, en opinión de Jorge Sena, la falta de legislación específica para esos casos de violencia, que contemple como agravante la edad de la víctima.

En consecuencia, cree necesaria una ley integral para la protección de las personas mayores, con el fin de que un mismo juez pueda resolver cuestiones civiles, penales o de derecho administrativo, sean casos de maltrato físico, psicológico, estafas, abusos económicos o incumplimiento de la Ley de Dependencia, «que hoy es el caballo de batalla».