El Gobierno aprobó ayer un proyecto de Ley de Extranjería que castiga a quien incita y apoya la inmigración ilegal pero no al «acogimiento humanitario», y que amplía el plazo de internamiento a 60 días pero aumenta las garantías y el apoyo de las ONG.
El proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración supone la cuarta reforma de ley de extranjería en ocho años.
Así lo aseguró la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que ha apuntado que con este nuevo texto se pretende «pasar de una ley de extranjería a una de inmigración».
El proyecto de Ley, cuyo nombre oficial es Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, será enviado al Congreso para su tramitación parlamentaria.
Con esta reforma, el Gobierno confía lograr una inmigración «legal, ordenada, integrada, con derechos y obligaciones de ciudadanos», para lo que ha «apostado por el consenso, el rigor y la eficacia».
Así, la vicepresidenta destacó que el proyecto de ley «perfecciona el sistema de flujos migratorios en función del mercado de trabajo», aumenta lucha contra la inmigración irregular y favorece la integración de los inmigrantes mediante iniciativas educativas.
También se reforma el sistema de la agrupación familiar, aplazando la de los ascendientes hasta que tengan 65 o «existan casos humanitarios» y posibilitando la de la parejas de hecho.
De la Vega expresó su confianza en que «todos los grupos políticos busquen, desde la responsabilidad, el consenso que necesita esta ley».
La vicepresidenta recordó que el texto incorpora las aportaciones de organismos como el Consejo Económico Social, la Conferencia Sectorial de Inmigración, la Comisión Interministerial de Extranjería o el Foro de Integración Social de los Inmigrantes, añadió.
El texto incide en las garantías en los procedimientos de expulsión introduciendo el principio de proporcionalidad para graduar las propuestas de sanción.
En cuanto a los menores no acompañados, el texto prevé la celebración de una audiencia del menor en los procesos de repatriación.
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