El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, destapa en un informe monográfico sobre los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social que «muchos» de ellos vulneran sus derechos, maniatándoles, prohibiéndoles la asistencia al centro escolar o la salida al patio durante una semana, bajo la denominación de 'medidas educativas creativas' o 'medidas correctoras'.
El texto, que será remitido a la Comisión Mixta Congreso Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo, revela, además, que la gran mayoría de estas instituciones de menores llevan a cabo contenciones físicas, contenciones mecánicas y medidas de aislamiento, así como que en el 75 por ciento de las mismas suministra tratamiento farmacológico a los menores en casos de grave alteración.
A pesar de que dichas contenciones deben hacerse, según el Defensor del Pueblo, «de forma limitada», en muchos centros se realizan varias veces al día y en ocasiones con una agresividad «desproporcionada» que puede producir lesiones físicas. El trabajo también que las ausencias voluntarias de los internados son muy frecuentes, llegándose en muchos casos a cifras muy elevadas de ausencias definitivas.
Asimismo, la Institución alerta de que más de la mitad de los centros utilizan medidas de aislamiento, que si bien deben aplicarse de forma terapéutica, en ocasiones se llevan a cabo como medida sancionadora e intimidatoria.
Esta práctica, según la investigación, se produce en salas de reducido tamaño, bajo el nombre de 'salas de agitación' o de 'reflexión' con paredes recubiertas de goma negra y que carecen de ventanas, lo que provoca una atmósfera asfixiante y un gran rechazo en los menores.
A pesar de ser escasos los reglamentos de régimen interno, Múgica indica que los centros realizan registros en las habitaciones de los niños, a los que se les exige incluso desnudos integrales sin justificación ni comunicación al juez de primera instancia, al que se le deben trasladar cuantas circunstancias fuesen precisas, en orden de realizar una medida de tal naturaleza, según lo reiterado por el Tribunal Constitucional.
Sobre el régimen de relaciones con la familia, el estudio revela que la frecuencia de las visitas de sus progenitores o demás familiares, así como las salidas del centro, suelen ser motivo de insatisfacción entre los menores, que continuamente demandan un incremento de las mismas.
Así, se desprende que en la mitad de los centros visitados por la Institución se establece un número fijo de llamadas semanales y, en algún caso, éstas deben ser pagadas por el menor y no siempre se respeta su privacidad. Asimismo, pocas instituciones tienen un programa concreto dirigido a la intervención familiar por falta de medios.
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