Una nueva Ley de Suelo intentará acabar con la especulación y la corrupción a partir de mañana, además de impulsar la vivienda protegida y promulgar una gestión inmobiliaria más transparente, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sufrió la oposición del PP a la hora de aprobar la nueva normativa, así como las críticas de los promotores, que la consideran una norma recaudatoria dirigida a abaratar las expropiaciones, aunque logró el respaldo de la mayoría de los diputados del Congreso.
Sin embargo, la aprobación de la Ley no fue una tarea fácil para el Gobierno de Zapatero, ya que CiU criticó la norma por interferir en competencias autonómicas, si bien esta oposición se solventó con el reconocimiento de la gestión autonómica de los patrimonios públicos de suelo. Por su parte, el PP se mostró siempre en contra de la totalidad de las disposiciones agrupadas en el nuevo texto legislador.
La norma que entra en vigor hoy pretende fomentar la vivienda protegida, y para ello establece la obligación de establecer una reserva del 30% del suelo para la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) y un porcentaje de entre un 5% y un 15% de suelo que se cederá a los ayuntamientos. Asimismo, la Ley pretende luchar contra la corrupción urbanística y establece nuevos mecanismos de transparencia y participación ciudadana en los proyectos urbanísticos.
El PSOE introdujo por su parte una enmienda contra el urbanismo descontrolado estableciendo la revisión de las actuaciones cuando conlleven un incremento superior al 20% de la población o de la superficie de suelo urbanizado del territorio determinado. Además, un nuevo sistema de valoración de los suelos considerará sus rendimientos de explotación y la normativa introducirá la obligación de que las permutas de terrenos y los convenios urbanísticos pasen por los plenos del Ayuntamiento.
La patronal de los promotores (APCE) también tuvo críticas contra la iniciativa gubernamental señalando que la Ley del Suelo sólo servirá para abaratar las expropiaciones de suelo ya que se aplica un valor exento de perspectivas a los terrenos rústicos, y que la cesión de suelo para VPO provocará el encarecimiento del precio de la vivienda libre.
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se mostró convencida de que todos los ayuntamientos aplicarán la nueva norma, después de que el Ejecutivo firmara acuerdos con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para llevar a cabo acciones para la difusión de los contenidos de la ley a nivel local.
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