El Ministerio de Sanidad y Consumo propondrá a las comunidades
autónomas una serie de medidas adicionales para mejorar los niveles
de seguridad alimentaria tras las intoxicaciones con pollo
contaminado del Grupo Sada.
La ministra de Sanidad señaló que entre estas medidas, que serán
propuestas formalmente a las comunidades en la primera semana de
octubre en el seno de la reunión del Pleno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), también
figurará una propuesta para incluir en la red de alerta alimentaria
a las cadenas de distribución.
Entre ellas destaca una reforma normativa para que todos los
casos de salmonelosis sean de declaración obligatoria y los brotes
de la enfermedad de «notificación urgente», según avanzó ayer la
titular de Sanidad, Elena Salgado. Actualmente los brotes sólo son
de notificación obligatoria si afectan a más de una comunidad.
Salgado justificó la puesta en marcha de estas medidas con el
hecho de que el 80 por ciento de las intoxicaciones por consumo de
pollo con salmonela se produjeron antes de que se recibiera la
alerta, por lo que se pretende «acortar los tiempos de reacción».
No obstante, defendió que en este caso la red de seguridad
alimentaria ha funcionado correctamente.
Tras expresar sus condolencias a la familia del fallecido en la
Comunidad Valenciana por este brote, la titular de Sanidad apuntó
que también se propondrá a las comunidades autónomas la elaboración
de un protocolo adicional al vigente de gestión de alertas para
potenciar los cauces de información al ciudadanos.
Por otra parte, la oposición, y concretamente la portavoz
adjunta del PP en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso,
Mercedes Roldós, pidió la dimisión de la ministra de Sanidad y
Consumo, Elena Salgado, por tratar de «minimizar la crisis de
intoxicación por salmonela por consumo de pollo, después de pasar
10 días de vacaciones».
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