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La creación de la figura del mediador entre la administración y las diferentes asociaciones es una de las principales novedades que ofrece el nuevo Pla Integral d'Atenció a la Immigració de les Illes Balears (2005-2008), que el Govern aprobará, con toda probabilidad, el próximo mes de mayo.

La directora general de Serveis Socials del Govern balear, Lluïsa Maria Capó, explicó ayer en Ciutadella que esta nueva figura tendrá la misión primordial de «canalizar las necesidades y los problemas de los inmigrantes hacia las administraciones». La creación del mediador social fue una de las propuestas sugeridas en el Foro de la Inmigración, convocado por la Conselleria de Presidència del Govern y que ha contado con un respaldo importante de asociaciones, agentes sindicales y representantes de otras administraciones públicas.

Lluïsa Maria Capó acompañó ayer a la doctora Maria Àngels Treserra, directora del plan, en la presentación de los principales ejes que inspirarán el documento.

La educación, que, junto a la sanidad, recibe los principales impactos de la inmigración; el mercado laboral, el acceso a la vivienda y la cultura, constituyen los pilares básicos sobre los que se levanta este plan, actualización, en la práctica, del Pla d'Immigració Integral a les Illes elaborado durante la anterior legislatura de Jaume Matas y aprobado por unaminidad en la etapa de gobierno del Pacte de Progrés.

La directora del plan, Maria Àngels Treserra, explicó que, necesariamente, debe tratarse de un instrumento «abierto» y «dinámico» con el fin de que pueda dar respuesta a las diversas situaciones de forma particularizada, ya que, tal como insistió la doctora, «no tenemos la varita mágica que resuelva todos los problemas».

El Pla Integral d'Atenció a la Immigració consta de ocho partes, de las que ya se han redactado cinco: el aspecto jurídico-normativo, que se ha prolongado a consecuencia del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno Central; el aspecto censal, que incluye los principales datos estadísticos; el aspecto sociológico; el aspecto asociativo, donde se recogen las aportaciones de las diversas asociaciones; y, finalmente, el aspecto formal, que recoge el trabajo de las diferentes administraciones.

La ponente destacó que los tres principales retos que debe afrontar la sociedad del siglo XXI son los movimientos humanos, la extensión de la longevidad y las nuevas tecnologías.

La inmigración, como fenómeno, encuentra su origen en la movilidad del ser humano. Para Treserra, el segundo de estos retos también obliga a plantearse algunas preguntas en relación a la inmigración. Por ejemplo, si es o no sostenible el actual sistema de cobertura social universal, ante la dimensión que está alcanzado el fenómeno inmigratorio.

El último de los retos, el de las nuevas tecnologías, también tiene implicaciones en el fenómeno, al supeditar su uso a las necesidades del ser humano y a planteamientos éticos y solidarios.

Siguiendo con el plan, Treserra explicó que la intención del Govern es la de ofrecer respuestas a través de proyectos concretos para cada uno de los ámbitos de actuación. «Si, según nuestras cifras, debían regularizar su situación 76.000 personas, y sólo se han recibido, a día de hoy, 10.300 solicitudes, la pregunta es qué esta sucediendo con el resto de los 60.000 inmigrantes extranjeros. Son muchas las cuestiones que se deben abordar», afirmó.

La mujer también ocupará un lugar destacado en el plan. La directora general de Serveis Socials, Lluïsa Maria Capó, comentó que el nuevo plan establecerá, en este sentido, una «territorialización» de las diversas problemáticas que surgen alrededor del fenómeno de la inmigración.

La puesta en práctica de las propuestas contenidas en el plan implicarán la responsabilidad de las diferentes administraciones, en el ámbito de su competencia. Capó resaltó el «compromiso firme de trabajo de todas las consellerias que tienen algo que decir sobre la inmigración». En este sentido, recordó que el fenómeno de la inmigración exige una respuesta «transversal», que demanda la respuesta de todas las administraciones.