El Gobierno acordó ayer multar a Boliden-Apirsa con más de 45
millones de euros (unos 7.500 millones de pesetas) por el vertido
tóxico de Aznalcóllar, una medida saludada por la Junta de
Andalucía, PSOE y ecologistas, aunque opinan que será difícil de
cobrar y que se ha gastado mucho más. El vertido tóxico, el mayor
desastre ecológico en España y que afectó al entorno de Doñana,
tuvo lugar el 25 de abril de 1998, cuando reventó el depósito de
residuos piríticos de la mina, provocando la salida incontrolada al
río Guadiamar de cinco millones de metros cúbicos de lodos, con
arsénico, cadmio, mercurio y otros metales pesados.
La multa es el resultado del expediente sancionador incoado por
el Ministerio de Medio Ambiente el mismo día del vertido, pero que
fue suspendido durante los trámites judiciales y que siguió su
curso después de que la Audiencia Provincial de Sevilla archivara
el año pasado la causa penal contra Boliden-Apirsa.
El importe total, acordado en el Consejo de Ministros a
propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, asciende a
45.077.510'51 euros, e incluye la indemnización por daños al
dominio público hidráulico y la reposición de las zonas afectadas a
su estado anterior a los vertidos incontrolados. Aunque
Boliden-Apirsa abandonó la explotación de la mina en octubre del
año pasado, un portavoz de la compañía en Estocolmo declaró que se
pronunciará sobre la sanción cuando reciba la confirmación oficial,
pues «hemos oído rumores, pero no nos ha llegado nada del Gobierno
español».
En este sentido, el vicepresidente segundo y ministro de
Economía, Rodrigo Rato, explicó tras el Consejo de Ministros que la
multa deberá ser abonada por la propia empresa «o por aquéllos que
detenten los derechos sobre ella». A su vez, la consejera andaluza
de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, propuso al Ejecutivo central
que se coordine con la Junta de Andalucía para presentar una
demanda civil contra Boliden-Apirsa, ya que la sanción puede ser
«más cuantiosa». Además indicó que ahora la empresa se debe hacer
cargo de las tareas de restauración paisajística y descontaminación
que tanto la Administración central como la autonómica llevan a
cabo para reconvertir la zona en un Corredor Verde.
La secretaria de la Ejecutiva Socialista en Medio Ambiente,
Cristina Narbona, subrayó que es «la primera medida en cuatro
años», que su cuantía es cinco veces inferior a lo aportado por los
ciudadanos españoles para recuperar la zona. Por su parte, Los
Verdes calificaron de «tardía e irrisoria» la sanción.
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