El Pleno del Congreso aprobó ayer por unanimidad la Proposición de
Ley Básica sobre los Derechos de Información concernientes a la
Salud y la Autonomía del Paciente, y la documentación clínica, que
incluye un proyecto de 'testamento vital' que permite interrumpir
tratamientos en pacientes terminales pero prohíbe la práctica de la
eutanasia, sea directa o indirecta. El texto será remitido ahora al
Senado, donde será debatido antes de proceder a su aprobación
definitiva.
En sus diferentes intervenciones, los diputados de todos los
grupos parlamentarios destacaron el «avance social» que supone el
texto, procedente del Senado, y su carácter «ampliamente
consensuado» entre todas las formaciones políticas durante su
debate durante los últimos 8 meses en el seno de la Comisión de
Sanidad y Consumo.
A juicio del portavoz del Grupo Popular, Mario Mingo, se trata
de una ley «intrínsecamente buena», que «viene a dar solución a
muchos problemas que se dan en la práctica clínica diaria». En
cuanto a la conveniencia, o no, de que la norma tenga consideración
de 'ley básica', Mingo consideró que ello responde a un «criterio
integrador en todo el territorio español que es, a nuestro juicio,
imprescindible».
Por su parte, el diputado socialista Alberto Fidalgo resaltó el
«avance social importante» que representa la proposición de ley y
consideró que supone «una apuesta por la libertad, la autonomía de
la persona y la dignidad» de la misma.
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