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El Tribunal Supremo ha establecido que es necesario defraudar más de 10 millones de pesetas (60.010 euros) para cometer fraude en la percepción de prestaciones por desempleo, que está penalizado con penas de entre 1 año y cuatro de prisión.

De esta forma, la Sala de lo Penal del Supremo absuelve a 17 personas que falsearon sus datos laborales para percibir de forma improcedente el subsidio, por cuantías que no superaron esa cifra, y que habían sido condenado por la Audiencia de Madrid por delitos de estafa y falsedad a penas de arresto.

La sentencia explica que entre 1991 y 1994, los acusados, responsables o empleados de diversas empresas, simulaban despidos disciplinarios y conseguían, de este modo, el reconocimiento y abono de las prestaciones por desempleo, a pesar de haberse producido realmente unas situaciones de auto-despido o despido voluntario en connivencia con el administrador de la empresa.