Los seis niños de religión musulmana que rechaza el colegio
concertado católico de Ripollet que les ha sido asignado, por ser
contrario a su religión siguen sin escolarizar. El cabeza de
familia se resiste a que sus hijos se eduquen rodeados de símbolos
cristianos y solicita un centro público. Distintas instituciones
laicas y católicas se han manifestado a favor de que sean los
padres quienes tengan la última palabra en la educación de sus
hijos, mientras el Gobierno mantiene que lo esencial es el
cumplimiento del derecho a la escolarización.
Como ya ocurrió con el caso de la niña de San Lorenzo de El
Escorial, la ministra de Educación Pilar del Castillo y el ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, han sido los
encargados de hacer pública la posición del Gobierno. Ambos
coinciden en que lo que debe primar en estos casos es el derecho de
los niños ha recibir una educación y, por lo tanto, el deber de los
padres a escolarizarles con independencia del origen o nacionalidad
de la familia.
La Generalitat afirma que buscó la opción más ajustada a los
deseos de la familia, pero que no pondrá ningún obstáculo al
traslado a un centro público en cuanto la familia lo solicite
formalmente. La asociación de padres de alumnos de centros
concertados aseguran que los escolares deben asistir al centro que
les toque y la de centros católicos se muestran a favor de que el
derecho a escoger la educación de los hijos sea prioritario.
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