La ley de medio ambiente reducirá la contaminación en un 3% en 2007

Matas mostró su satisfacción por el consenso alcanzado con comunidades autónomas, entes locales y sectores afectados durante su preparación. Afirmó que obligará a modernizar las instalaciones de las empresas para reducir los niveles de contaminación en aire, agua y suelo, afectará a unos 4.000 centros productivos y acarreará unas inversiones de entre 4.000 y 6.000 millones de euros hasta el año 2007, año en el que las instalaciones industriales ya en funcionamiento tendrán que adaptarse a la nueva norma. Subrayó que esta ley supone «un paso muy importante» para impulsar la competencia, mejorar el medio ambiente y reducir los niveles de contaminación.

El principal instrumento de la ley es la autorización ambiental integrada, previa a la puesta en marcha de las instalaciones, que tiene entre sus principales características fijar en un solo acto administrativo «la carga máxima de contaminación que puede emitirse», explicó el ministro. Además la autorización reconoce el derecho a la participación de los ciudadanos aún no apareciendo como interesados, según Matas, quien añadió que este procedimiento «se configura como un importante mecanismo de simplificación administrativa», ya que refunde todos los pronunciamientos de carácter medioambiental de las diferentes administraciones públicas y permite hablar de una «ventanilla única ambiental».

El proyecto de ley contempla expresamente los casos de contaminación transfronteriza e incluye un régimen sancionador con multas de hasta dos millones de euros. Por sectores, el mayor número de instalaciones afectadas serán las del campo agroalimentario, seguidas de las del sector químico, industrias minerales y las de producción y transformación de metales.

Sin embargo, los partidos de la oposición se mostraron en contra del proyecto del Gobierno y pidieron su retirada. IU denunció el retraso de dos años en la trasposición de la directiva y que esta no responde a las necesidades reales de nuestro país. Desde el PSOE, que votó con IU la petición de devolución, se denunció claras «insuficiencias y lagunas» en la normativa. Tanto CIU como el grupo popular, que votaron en contra de la iniciativa de IU, defendieron la ley por considerar que mejorará el medio ambiente.