La Federación Estatal de Profesores de Religión (FEPER) denunció
que «algunas diócesis vinculan» la continuidad de los docentes a
«un impuesto revolucionario», como «el pago anual de una cantidad
en metálico, cooperación con las parroquias, contribución para
algún regalo o la realización de cursos». El presidente y
vicepresidente de FEPER, Luis Guridi y Alfredo Sepúlveda,
respectivamente, expusieron la situación y «precariedad laboral» de
este colectivo, después de que se conociera que tres profesoras en
Almería, Málaga y Canarias han sido apartadas de la docencia por
razones relacionadas con su vida privada, y que «son la punta del
iceberg».
Los representantes de esta federación, que agrupa a 2.000
profesores, aportaron un dossier con documentación sobre casos de
ceses, cambios de jornadas o traslados, y denunciaron que la
Administración «hace dejación de sus funciones dejando que la
Conferencia Episcopal campe a sus anchas». «Algunas diócesis
vinculan unas condiciones tan arbitrarias como el pago anual de una
cantidad en metálico, cooperación con las parroquias, contribución
para algún regalo al Obispo, cursos impuestos por la Conferencia
Episcopal, no reconocidos oficialmente», o incluso, prosigue la
FEPER, «exigen que el profesor haga un juramento de fidelidad a su
Obispo». La federación incluyó fotocopias de documentos de la
Diócesis de Getafe, Las Palmas de Gran Canaria, o de La Laguna, que
hacen referencia a la realización de «donativos» para la
Delegación, para hacer un regalo al recién nombrado obispo
auxiliar, o recuerdan que debe realizarse el curso
«Evangelización».
Según sus representantes, se trata de «un impuesto
revolucionario», y además de reconocer que «hay miedo» entre los
docentes, criticaron que «a algunos de los nuevos profesores les
prohíben la pertenencia a FEPER o estar sindicados». «Están
llegando noticias de que la Jerarquía utiliza ese nombramiento para
premiar a sus fieles y castigar a los díscolos», aseguran los
representantes de este colectivo, quienes reivindicaron que su
relación laboral es con la Administración, no con la Jerarquía
Eclesiástica.
El trabajo de estos docentes en los colegios públicos «es un
servicio público que se ofrece a los ciudadanos a través de la
Administración y no un servicio que se hace a la Jerarquía», según
FEPER, que considera que la Administración debe hacer «una
selección objetiva» de los docentes entre aquellos que propone el
Obispo.
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