El Departamento de Agricultura de Catalunya informó ayer de la
detección de un sexto caso de peste porcina en una granja de
Penelles, en la comarca leridana de La Noguera, que cuenta con
3.000 cerdos y que ha sido confirmado con los análisis de los
laboratorios de la Generalitat. Con este nuevo foco se elevan a
siete los detectados en España; seis en Lleida, concretamente en
Penelles, Mollerusa, Soses, Vilanova de l'Aguda y dos en Golmés,
además del caso de Vinaroz en Castellón.
Según datos de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG), la epizootía ha provocado ya que los productores
hayan perdido 1.000 millones de pesetas. En cuanto al origen de la
enfermedad, la Comunidad Autónoma de Valencia rechazó ayer
cualquier responsabilidad en el «tráfico ilegal» de animales,
posible causante del brote de peste porcina en España, mientras que
Andalucía y Extremadura confían en que la administraciones
encuentren a los responsables de la epizootía.
La consejera de Agricultura valenciana, María Angels Ramón-Llin,
dijo que el brote de peste porcina en Vinaroz (Castellón) procede
«probablemente» de países del Este, lo que «avala la hipótesis de
importaciones clandestina» de animales y aseguró que si hay
«tráficos ilegales, no están en la entrada a la Comunidad». En
cuanto al sector, el responsable del porcino de COAG, Josep
Puigpelat, denunció que la peste porcina ha supuesto «por ahora»
unas pérdidas de 1.000 millones de pesetas y pidió que los
ganaderos que tienen inmovilizados sus animales "actualmente
900.000 cerdos" reciban «como mínimo» 150 pesetas por cada animal
que tenga cabida en la granja.
Las organizaciones agrarias, tanto nacionales como regionales,
han mostrado su interés porque se encuentre a los responsables de
esta crisis y algunas de ellas estudian iniciar acciones legales
contra los culpables de la situación. Las cooperativas agrarias han
criticado el sistema de producción porcina actual, basado en gran
medida en la integración y el trasiego de animales, y se muestran
partidarios de un sistema de ciclo cerrado que tenga una mayor
seguridad. El sector ganadero confía que la prohibición de las
exportaciones, decretado en el Comité Veterinario de la UE, sea
«sólo» a las regiones afectadas por la peste porcina.
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