El portavoz de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes
de España (ATIME), Mustafa El M´rabet, afirmó ayer que la llegada
de pateras a través del Estrecho desde la entrada en vigor de la
Ley de Extranjería 8/2000 tira por tierra la argumentación del
Gobierno sobre el 'efecto llamada' de la anterior Ley. Este fin de
semana han sido interceptados 142 inmigrantes en el Campo de
Gibraltar.
En el día de ayer, efectivos de la Guardia Civil interceptaron a
primeras horas de la mañana a un total de 48 inmigrantes
indocumentados en el Campo de Gibraltar, entre los que se
encuentran 16 mujeres y dos niños de origen subsahariano que han
sido trasladados al centro de salud de Tarifa (Cádiz) para
someterlos a una revisión médica, informaron fuentes del Instituto
Armado.
En la misma zona fueron interceptadas otras dos personas de
origen magrebí, varones y mayores de edad, que fueron trasladados a
las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Tarifa.
Según la asociación ATIME, este año llegarán a España un número
similar de extranjeros a través de las pateras que el año anterior,
cuando fueron interceptadas unas 15.000 personas, porque cada año
se está produciendo un aumento sensible de este fenómeno.
Sin embargo, insistió en que este crecimiento no se debe ni a la
anterior ni a la vigente Ley «porque el B.O.E. no llega ni a
Marruecos ni a ningún país subsahariano». «El Ejecutivo ha hecho un
uso interesado y partidista del 'efecto llamada' para convencer a
la opinión pública de la necesidad de cambiar la Ley», dijo. El
M´rabet subrayó que «no se pueden poner puertas al hambre», algo
que ni siquiera ha podido hacer Estados Unidos.
Por otro lado, se refirió a las afirmaciones realizadas por el
Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en las que apuesta por
favorecer la inmigración latinoamericana porque se integra mejor.
Por otro lado, la Secretaria de Políticas Sociales y Migratorias
del PSOE, Consuelo Rumí afirmí ayer que el Ejecutivo «ha
rectificado de nuevo, reconociendo el grave error que han supuesto
los viajes de ida y vuelta», al reducir a 4.095 los ecuatorianos
que viajarán a su país a regularizar su situación del total de
25.000 que se acogieron al Plan de Retorno Voluntario del
Gobierno.
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