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El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, recordó ayer que la independecia de este órgano constitucional y de su titular viene dada por el hecho de que es elegido por un periodo más allá de una legislatura y por una mayoría cualificada de tres quintos de ambas Cámaras. De este modo, salió al paso de las críticas de diversas organizaciones sociales y partidos políticos que han puesto en duda la independencia de la Institución por su decisión de no recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de extranjería 8/2000.

«Eso es una presunción naturalmente de independencia», subrayó. En rueda de prensa para explicar su decisión, insistió en que cuando actúa desde su independencia para defender los derechos fundamentales de las personas no piensa «ni en unos ni en otros» sino en los seres de carne y hueso». «Es una obligación irrenunciable del Defensor la de interponer recursos necesarios cuando se estime la inconstitucionalidad de una ley lesiva de derechos fundamentales "comentó". No menos obligatorio habrá de ser que no los interponga cuando entiende que la presunción de constitucionalidad de las leyes es suficientemente razonable».

«Yo no tengo ninguna obligación de presentar un recurso en función de las peticiones sino de actuar según lo que me dicte mi conciencia. Si atendiera a todas las peticiones de recurrir las leyes la Defensoría se convertiría en una Institución absolutamente lamentable». Las explicaciones ofrecidas por Múgica su decisión de no recurrir la ley de extranjería ante el Tribunal Constitucional siguen sin convencer al PSOE, manifestó el portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera.

Aunque los socialistas no creen que su decisión se deba «a motivo político alguno o a relaciones de amistad» entienden que Múgica «se ha equivocado», y que, aunque sólo fuera por razones humanitarias, debería haber recurrido la ley.