El Gobierno central comenzó a practicar hace tan sólo tres semanas
los preceptivos controles sanitarios a los inmigrantes que intentan
acceder a España ilegalmente a través de las costas gaditanas,
mediante un convenio de colaboración suscrito por la Subdirección
General de Sanidad Exterior y Cruz Roja que entró en vigor el
pasado 1 del noviembre, aunque a efectos prácticos no se llevó a
cabo hasta el día 17 de ese mismo mes.
Anteriormente, las actuaciones se limitaban a la asistencia
primaria que prestaba el personal de Cruz Roja, voluntarios y
organizaciones humanitarias en el momento del desembarco y no se
les realizaban pruebas analíticas.
Según explicó a Europa Press Javier Díaz Navarro, el médico
responsable de los controles en la provincia de Cádiz, la función
de este nuevo operativo «debe ser no sólo practicar esa asistencia
primaria, sino realizar una valoración del estado y una especie de
criba entre los inmigrantes para tratar de cazar las posibles
enfermedades infecciosas, incluso en los casos en los que pueden
ser portadores de bacterias, virus o microorganismos que a ellos no
les afectan pero que aquí podría crear epidemias y problemas
graves».
En aplicación de la ley, los inmigrantes de origen marroquí son
retornados inmediatamente a Marruecos en virtud de un convenio de
repatriación existente entre España y el país norteafricano desde
1992. Los que no tienen documentación no son aceptados por el
Gobierno alauita.
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