En el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, su titular, Juan
Carlos Aparicio, en un acto celebrado bajo el lema «Las mujeres en
el año 2.000: hechos y aspiraciones», afirmó que «no podemos dejar
de reconocer la injusta situación actual de la mujer en el mercado
laboral español, donde la tasa femenina de paro dobla a la
masculina y donde los salarios que cobran son más bajos, por igual
trabajo». En este mismo acto, la secretaria general de Asuntos
Sociales, Amalia Gómez, indicó que uno de los retos que se plantean
para el futuro es el del «espejismo» de la igualdad formal, así
como el «combate al reducto de los machistas subliminales y
culturales».
De cada 100 horas que se trabajan y no se pagan en España, las
mujeres trabajan 80, mientras que de cada cien horas trabajadas y
remuneradas, las mujeres sólo trabajan 31 horas, según los datos
ofrecidos en esta jornada por la profesora de investigación del
CSIC, María Angeles Durán.
Los sindicatos también emitieron informes donde se subraya la
desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Así, UGT pone de
manifiesto que la proporción del sueldo de un trabajador que
percibe una trabajadora (en torno al 76%) permanece prácticamente
inalterable desde hace años, y añade que en algunas autonomías,
estas cifras son muy superiores. Comisiones Obreras, por su parte,
pide igualdad retributiva «ahora» y remarca que la ganancia media
anual de los hombres supera en un 50 por ciento a la de las
mujeres.
La campaña electoral no se sustrajo a la celebración del Día
Internacional de la Mujer. En Santa Cruz de Tenerife, Ana Botella,
esposa del candidato del PP a la presidencia del Gobierno, dijo a
los periodistas que el programa electoral del PP contiene medidas
que permitirán que por el mismo trabajo hombres y mujeres cobren el
mismo salario. En Madrid, el candidato del PSOE a la presidencia
del Gobierno, Joaquín Almunia, se comprometió a impulsar políticas
activas que favorezcan la igualdad de las mujeres y comparó el
programa de su partido con la «hipocresía de la derecha» que, a su
juicio, proclama igualdad pero niega los instrumentos necesarios
para conseguirla. En otro ámbito, el Consejo General del Poder
Judicial destacó la mejora de la formación específica de jueces y
magistrados como una de sus líneas de actuación prioritarias para
luchar contra la violencia doméstica. En una Declaración difundida
ayer, el Consejo del Poder Judicial expresó su compromiso de
continuar adoptando cuantas iniciativas estén a su alcance para
erradicar la violencia doméstica, agresión que, asegura, «envilece
a quien la comete y degrada a la sociedad en la que se
produce».
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