La policía tuvo que intervenir en Alicante ante la avalancha de inmigrantes.

TW
0

Miles de inmigrantes hicieron colas desde primeras horas de la mañana en muchas ciudades españolas para informarse sobre los cambios que introduce la nueva ley de Extranjería y las condiciones de regularización de la residencia, y en Alicante la policía tuvo que intervenir para mantener el orden ante una cola de un millar de personas.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, advirtió que no se va a dar prioridad al orden de solicitud y que «no tendrán más derecho quienes lo pidan el primer día», por lo que las aglomeraciones ante las oficinas «no tienen sentido». A su juicio, no se ha detectado «confusión» entre los inmigrantes ante la entrada en vigor de la ley, algo que la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) rechazó de plano. Fuentes diplomáticas explicaron que aún es pronto para evaluar las consecuencias de la ley en el funcionamiento de las oficinas consulares de España en el extranjero, pero expresaron su temor a los problemas que se pueden derivar de la llegada masiva de peticiones.

En Almería, donde hay más de 13.000 marroquíes asentados en las comarcas agrícolas del poniente y del Campo de Níjar, fueron más de 3.000 los inmigrantes que esperaban a primera hora ante la Oficina de Extranjería a ser atendidos, que tramitó en cinco horas cerca de 2.000 solicitudes.

En Alicante, cerca de un millar de extranjeros se mantuvieron desde el lunes ante las puertas de la Oficina de tramitación de la residencia, mientras que en Melilla, cuyo Gobierno ha calificado de «válida» la ley y ha descartado que vaya a implicar la «marroquinización» de la ciudad, apenas tuvo repercusión.

En cualquier caso, la entrada en vigor de la Ley ha vuelto a evidencias las discrepancias existentes en el seno del Gobierno. Así, mientras el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, rechazaba la petición de ONGs y sindicatos de ampliar el plazo de regularización a los 'sin papeles' de de dos a seis meses, el titular de Trabajo, Manuel Pimentel, apoyaba la propuesta.