Hay grandes posibilidades de que la actual Ley de Extranjería,
vigente desde el año 1985, se reforme antes de que termine la
presente legislatura, después de que todos los grupos
parlamentarios en el Congreso votaran a favor del trámite de
urgencia. El poco tiempo que resta antes de la disolución del
Parlamento es el principal temor de las organizaciones sociales y
políticas que apuestan por dicha reforma. Los resultados de la
votación no estaban claros unas horas antes de que los diputados
emitieran su dictamen. De hecho CiU, receloso ante posibles
divergencias en el seno del PP, decidió confirmar su voto a favor
del trámite de urgencia propuesto por PSOE, Mixto e IU.
La oposición destacó el hecho de que el Grupo Popular decidiera,
«a última hora», unirse a los demás grupos para que esta reforma se
tramite con carácter de urgencia. En relación a esta decisión, el
ponente y diputado del PP Diego Jordano explicó que su grupo había
decidido «no marcar diferencias y buscar los criterios de
unanimidad» mantenidos en torno a esta reforma. Esta vía urgente
supone que tras el debate en el Congreso, el Senado deberá
remitirla de nuevo al Congreso en 20 días para que se revisen las
enmiendas que se hayan presentado en la Cámara Alta. Según
manifestó el diputado de CiU Carles Campuzano, «era un riesgo
esperar que en el trámite ordinario ningún grupo presentara
enmiendas en el Senado».
Las divisiones populares se centran en planteamientos
enfrentados entre los ministerios de Exteriores, Economía, Trabajo
y Asuntos Sociales e Interior, según explicó el portavoz de CiU,
Josep López de Lerma. En su opinión, «esta circunstancia es
absolutamente sorprendente y entra en contradicción con la firma
del PP del texto de la ponencia». A pesar de las sospechas sobre la
postura del partido del Gobierno, el procedimiento de urgencia fue
admitido por unanimidad.
La reforma de la Ley de Extranjería contempla la extensión de
los derechos fundamentales a todos los inmigrantes, estén en una
situación regular o no; que los inmigrantes regulares tengan los
mismos derechos que concede el Estatuto de los Trabajadores a los
españoles y la desvinculación del permiso de residencia del permiso
de trabajo.
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