El Parlament de Catalunya aprobó ayer por unanimidad la primera Ley
del Estado español que regula las relaciones de convivencia de dos
o más personas que no son pareja ni forman una familia, pero que
deciden vivir juntas con «voluntad de permanencia y ayuda mútua».
Se trata de establecer un mínimo de protección a una realidad
que ya se da en la sociedad y que en Catalunya afecta a unas
171.000 personas que viven en 54.000 hogares sin que compongan un
núcleo familiar, aunque la mayoría tienen algún vínculo de
parentesco. Son principalmente personas de la tercera edad que han
decidido voluntariamente vivir juntas para no tener que depender de
sus respectivas familias ni tener que ir a morir a un geriátrico,
según explicó la consellera de Justicia, Núria de Gispert.
La consellera dijo que esta ley intenta dar respuesta a «una
realidad silenciosa, que no protesta ni reclama nada», a la vez que
resaltó que no se trata de una legislación «intervencionista», sino
que trata de «apoyar» a las personas que viven en esta situación y
«fomentarla para que los ancianos no tengan que verse obligados a
pasar sus últimos años de vida en un geriátrico».
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