Los vecinos llevan años protestando por las molestas actividades.

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Uno grupo de vecinos del barrio de Santa Catalina del Port han denunciado ante la Fiscalía de Baleares al alcalde de Sóller y a varios técnicos municipales por permitir que un restaurante siga funcionando en la zona a pesar de haberse documentado que la licencia que en su momento se otorgó es «nula de pleno derecho» y de haberse decretado en 2023 una orden de precinto parcial, que no se ha hecho cumplir.

En su escrito de denuncia, los afectados piden que se investigue la comisión de un posible delito de prevaricación.

Los hechos se remontan a 2017, cuando este restaurante abrió sus puertas, amparado en una licencia que se otorgó sobre unos planos que, según los denunciantes, «no se adaptan a la realidad». Debido a las molestias provocadas, los vecinos llevan años protestando sin que el Ajuntament, haya actuado ante lo que consideran una flagrante ilegalidad. Según afirman, «a pesar de las múltiples reuniones mantenidas con técnicos y políticos solicitando el cierre por falsedad en la declaración responsable, y a pesar del expediente incoado, el ayuntamiento no ha dado ningún paso para cerrar el local».