Si se cumplen los plazos previstos el Capitol volverá a proyectar películas en 2026. | Elena Ballestero

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Diez años después de que el Ajuntament de Pollença acordara por unanimidad comprar el mítico cine Capitol por un importe de 850.000 euros, nada queda ya de la nostalgia que consiguió que hasta siete partidos políticos (PP, PI, Alternativa. PSOE, PSM, Esquerra y UMP) dejaran de lado sus diferencias para firmar una opción de compra conjunta en 2014.

Lo que aparentemente era una ‘ganga’ inmobiliaria se recordará probablemente como «la compra más cara de la historia de Pollença». Eso es al menos lo que piensa el actual alcalde Martí March (PSOE) que avisa de que el Consistorio no se puede permitir retrasar el calendario de reforma previsto y arriesgarse a perder las subvenciones.

«Es la compra más cara de la historia de Pollença, además del cine, por el que se pagaron 850.000 euros, se compró después el local y una vivienda de la planta baja y hemos tenido que pagar por el lucro cesante. Una vez acabada la reforma tendremos que entregar varios locales comerciales como compensación. Entre los costes que ya hemos asumido y lo que va a costar ahora la obra la inversión asciende a 9 millones de euros. Es una barbaridad. Hablamos de 9 millones de euros por una sala con 244 butacas. Salimos a entre 35.000 y 40.000 euros por butaca», reflexiona el alcalde.

March planea iniciar la reforma el próximo mes de junio con el objetivo de reabrir el cine en el año 2026. El plazo de ejecución de las obras es de 24 meses, pero es consciente de que cuando se trata de obras de rehabilitación «puede haber sorpresas». «Si a final de año no hemos gastado 600.000 euros de ayudas que tenemos concedidas de Fondos Europeos y del Govern, habrá que devolver ese dinero con intereses», advierte.

Los planes de iniciar la reforma de la mítica sala en temporada alta turística han levantado un auténtico polvorín. Sesenta comerciantes de Pollença acaban de constituir una plataforma contra la remodelación del mítico cine Capitol en los meses de verano. Temen el impacto económico que las obras pueden tener sobre el tejido comercial y hotelero del pueblo. Denuncian «la ironía de que el Ajuntament llegue a incumplir su propia Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno que establece que las obras en zonas urbanas solo se pueden realizar en ciertas épocas del año, con horarios específicos y bajo ciertas condiciones», explica Miquel Cifre, presidente de los Vecinos del Moll y portavoz de ‘Plataforma Obres Capitol’.

El Ajuntament de Pollença está entre la espada y la pared. Representantes de la plataforma tienen previsto reunirse este jueves con el alcalde Martí March para hacerle llegar formalmente las firmas con las que quieren conseguir un cambio en el calendario de reforma. El alcalde tiene claro que las obras municipales «están exentas de cumplir la normativa municipal de obras por una cuestión de interés general». «No haremos nada que sea ilegal», informa con rotundidad.

«Hacemos un llamamiento al Consistorio para que adopte medidas inmediatas para proteger el tejido comercial local y que garantice el bienestar de la comunidad durante el proceso de remodelación», explica la ‘Plataforma Obres Capitol’. Martí March dice estar dispuesto a recibir y a escuchar a sus representantes pero critica que «no todos los que han firmado son afectados directos por la obra» y recuerda que «muchos de los firmantes no dijeron nada en contra de la compra cuando esta se aprobó».

Pollença ha pasado de la nostalgia a la división y la situación no tiene una salida fácil. El Ajuntament planea utilizar Can Villalonga (una vieja estación de autobuses que también compró el Consistorio la legislatura pasada siendo alcalde Tomeu Cifre) para hacer el acopio de los materiales del cine y reducir así al máximo la ocupación de la que se ha convertido en la principal calle comercial de Pollença, situada a solo unos metros de la Plaça Major.

El actual alcalde Martí March se muestra consternado, consciente del coste económico pero también social que tendrán las obras de un proyecto que no comparte. «Mucha gente no habló durante el proceso de compra y ahora se están movilizando. Nosotros por responsabilidad tenemos que ejecutar un proyecto que no es nuestro», afirma.

Lo cierto es que desde que el Ajuntament de Pollença compró a la familia Salas el antiguo Cine Capitol por 850.000 euros (con Tomeu Cifre en la Alcaldía) la nostalgia de parte de los pollencins que aplaudieron aquella iniciativa se ha ido disipando. De hecho, aunque la opción de compra se aprobó por unanimidad en el Consistorio, cuando se firmó la operación de compraventa un par de meses después Alternativa, PSOE y PSM ya se abstuvieron.

Desde entonces se han sucedido los desencuentros. Cada Consistorio había querido hacer suyo el proyecto hasta ahora. Junts Avançam (coalición del PSOE, Més y Esquerra) llegó a plantear un concurso de ideas para planificar la reforma que no llegó a cobrar forma. La legislatura pasada Tomeu Cifre optó por el proyecto actual que dejó aprobado y dotado económicamente listo para ejecutar.

March tiene claro qué fue lo que llevó a cerrar la operación inmobiliaria: «Todos compraron por razones sentimentales, porque el Capitol conserva esa parte de nostalgia que te traslada a la juventud y a la infancia con los amigos, con las novietas… Me incluyo entre esos nostálgicos pero hoy veo que por mucho que pese esa parte sentimental estamos ante un proyecto muy complicado técnicamente», relata March. «Todas las decisiones que se adoptaron se tendrían que analizar en profundidad», admite.

En el mejor de los escenarios el Capitol volverá a proyectar películas en el año 2026 sin engrosar aún más una factura completamente disparada. «El objetivo es hacer la obra y minimizar su impacto», dice el actual alcalde de Pollença.

El exalcalde Tomeu Cifre (actualmente en la oposición) defiende que el cine Capitol es una «infraestructura que Pollença necesita y que el Ajuntament se puede permitir pagar». «Ahora la excusa es que la compra es cara. Todo es relativamente caro o barato, lo que tiene que hacer Martí March si no le gusta es poner el edificio a la venta. Como la normativa permite tirar el edificio abajo y hacer viviendas que lo haga si quiere recuperar el dinero», dice.

«Lo que hicimos nosotros muy bien fue aumentar el patrimonio municipal, compramos el cine, compramos Can Escarritxo, compramos la antigua estación de autobuses y dos solares en el polígono. Un municipio con 40 millones de euros de remanente económico y la posibilidad de aprovechar Fondos Next Generation y del Consorcio de la Bolsa de Alojamientos turísticos si tiene la oportunidad debe ejecutar un proyecto como este. Nosotros lo dejamos listo para licitar pero Martí March no sé fio y ha retrasado el proceso. Por su mala gestión los comerciantes, con toda la razón ahora le protestan y es por eso que ahora pone el precio como excusa», concluye el líder de la oposición.