¿De quien es el Castell?: fue en 2008 cuando la entonces consellera insular de Cultura, Joana Lluïsa Mascaró, anunció la titularidad estatal del Castell,    que mantienen tanto Consell como Ajuntament de Alaró. La familia Ordinas, por contra, aseguran que son los propietarios ya que el Estado lo vendió en subasta pública en 1885. | Margalida Ramis

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La propiedad del Castell d’Alaró no ha llegado a ningún acuerdo con el Consell de Mallorca para su venda y menos por 1,1 millones de euros. Así de contundente se mostró ayer Miquel Àngel Ordinas, hijo del propietario de la finca que, además, mantiene que la explotación en venta de 575.000 metros incluye no solo la montaña del Castell sino también los restos de la fortificación.

De esta manera, la propiedad -que durante años no ha querido hablar de forma pública- mantiene que tanto las murallas del antiguo castillo, así como la escalinata y la Torre de l’Homenatge forman parte de la finca que está en manos de Llorenç Ordinas, por lo que no sería de titularidad estatal como afirma el Consell. «En 1885 el Estado sacó a la venta la finca en subasta pública y se vendió toda la montaña del castillo excluido el Oratorio y la Hostatgeria, que están en manos del Obispado. Por lo tanto, el resto es de nuestra familia desde que la compró mi abuelo en 1935», explicó ayer Miquel Àngel Ordinas a este periódico.

Sin acuerdo firme

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Además, reitera que en ningún momento ha habido un acuerdo en firme con el Consell de Mallorca «ni durante esta legislatura ni en la pasada». Ordinas confirma que la pasada legislatura mantuvo una reunión con la entonces consellera insular Mercedes Garrido que le trasladó la intención de la institución insular de adquirir la finca. «Les confirmé que el precio era de 2,5 millones de euros, no de 1.053.000 que fue lo que nos ofreció», explica Ordinas mientras añade que con la actual consellera de Territori, Maria Antònia Garcias, solo se ha reunido una vez, el 29 de agosto. En esta reunión el Consell volvió a mostrar su interés de compra.

«Nos ofreció 1 millón de euros, no 1,1 como ha dicho a la prensa, y nosotros le pedimos 2,5 millones como habíamos solicitado antes», recalca. Es más, Ordinas mantiene que durante esa reunión Garcias le pidió «un documento público donde acreditemos la titularidad de las murallas a favor del Estado, cosa que nosotros nos hemos negado, ya que el Ministerio no lo ha podido registrar nunca porque está a nuestro nombre», explica la propiedad. «No queremos que ni PP ni PSOE quieran sacar rédito político a nuestra cuesta por la compra del Castell», asegura contundente mientras mantiene que el interés de la familia es que sea del pueblo de Alaró, como lo era antes de 1810.

Oferta de compra

Por otra parte, Miquel Àngel Ordinas aclara que desde el pasado abril tienen la finca de Es Verguer- Es Castell en venta a través de dos portales inmobiliarios en Alaró y Alemania. «Por lo que hace meses que estamos trabajando y no es una medida de presión como aseguran desde el Consell», dice. Por otra parte, desde el municipio se comenta que habría una oferta de compra de un vecino de nacionalidad alemana que estaría interesado en la compra de la finca por 2,1 millones de euros y para utilizarla como almazara.

Punto de vista
Lola Olmo

Resistir al estilo ‘Cabrit i Bassa’

Lola Olmo

El futuro del Castell d’Alaró está en juego en esta negociación. El tiempo corre en su contra y amenaza con terminar de derruir sus históricas fortificaciones. No es serio anunciar un acuerdo si éste no se ha formalizado; tampoco lo es que en 2022 no se pueda dirimir quién es el titular de una propiedad que se subastó hace 137 años. La lucha de Alaró por recuperar su emblemática fortaleza tiene visos de igualar en heroicidad la popular gesta de en Cabrit i en Bassa.

El apunte

Territori mantiene su intención de comprar la finca

El Consell de Mallorca mantiene la versión que dio el pasado martes y asegura que tuvo dos reuniones con la familia Ordinas y en la última se llegó a un «acuerdo verbal» para adquirir la finca. La consellera insular de Territori, Maria Antònia Garcias, señaló ayer que si no hubiera habido este acuerdo «no hubíesemos presentado el proyecto para el Impuesto de Turismo Sostenible» y que este se fijo según la tasación de 1,1 millones. Por otra parte, Garcias, es contundente sobre la titularidad pública de la fortificación, una tramitación con la que trabajan hace tres años con el Ministerio de Hacienda. «Tenemos la documentación de la segregación de la finca, donde está la parte pública que es la parte patrimonial y la parte privada». Es más, Garcias asegura que los terrenos del Estado pasarán en manos del Consell en breve y que, si la propiedad los incluye en la venta a un tercero, ellos la reclamarán.