El catálogo de Patrimoni que el Ajuntament de Pollença aprobó provisionalmente y que ahora ha tumbado el Consell de Mallorca contemplaba la protección de todo el centro histórico del núcleo de Pollença e incorporaba alguna ‘joya’ de la arquitectura contemporánea de Formentor.  | Elena Ballestero

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El Ajuntament de Pollença llevará al Consell de Mallorca a los tribunales por suspender la tramitación del catálogo de protección de edificios y elementos de interés histórico, artístico y arquitectónico y paisajístico del municipio. La institución insular acaba de rechazar el recurso de alzada interpuesto por el Consistorio contra el acuerdo de la Comissió Insular de Patrimoni que suspendió la tramitación y devolvió el texto al Ajuntament para que subsane una infinidad de deficiencias. El informe del Consell, de 37 páginas, señala «cambios básicamente técnicos» que según el alcalde Tomeu Cifre «obligan prácticamente a rehacer ficha por ficha el documento».

Han pasado ya veinte años desde los primeros intentos de tramitación de un catálogo de Patrimoni por parte del Ajuntament de Pollença por lo que toda posibilidad de suspender provisionalmente las licencias de obra ha expirado. A falta de catalogación, el Ajuntament está obligado a conceder licencias de obra o incluso de demolición de cualquier elemento que, por su valor patrimonial, hubiera sido incluido en el texto que ha tumbado el Consell. «Hay más de 300 elementos que quedan totalmente desprotegidos en todo el municipio, aunque teníamos un acuerdo verbal para que nos aprobaran el catálogo con la prescripción de incluir los casals del Moll», dice Cifre. El alcalde de Pollença considera que «el Consell nos ha vendido porque a principios de legislatura la directora insular de Patrimoni nos dijo que tenían ganas de aprobar el catálogo y nos lo aprobarían con la condición de incluir los casals», añade.

La falta de consenso del Ajuntament de Pollença a la hora de proteger los casals de Can Mena,    Can Tugores, Ca l’Adroguer y Can Ques ha bloqueado la aprobación del catálogo desde hace    tres legislaturas y el problema radica ahora en que, cuando finalmente han alcanzado un principio de acuerdo, ha entrado en vigor la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears en cuya aplicación se basa el Consell al solicitar rehacer la mayor parte de las fichas del texto. Se aprobó en 2017. Tomeu Cifre asegura que, si en su momento sacó estos casals del catálogo con un informe del arquitecto municipal, fue «para no tener que indemnizar a los propietarios». «Quedamos en que el Consell nos aprobaría el texto con esa deficiencia, lo que nos permitiría incorporarlos después y no tener que indemnizar como Ajuntament», añade. Según Cifre «los propietarios de dos de esos casals ya han solicitado licencia de demolición».